La sesión del Senado del miércoles abordó una cuestión muy interesante y de gran importancia para los ciudadanos, cual es el proyecto del Partido Popular de reducir el modelo constitucional de nuestra Seguridad a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y abrir muchas puertas al sector de las empresas privadas de seguridad, que sin ninguna duda ven como un muy próspero negocio sustituir por ellas a la seguridad pública todo lo que sea posible. Seguí muy atento todas las intervenciones, tanto del proyecto de Ley de Seguridad Privada del PP como a los vetos y enmiendas alternativas no solo de mi partido, 69 del PSOE, también de todos los demás grupos parlamentarios, más de 300 en total.
Y aquí les traslado mis impresiones sobre una ley sobre la que ya el informe de la ponencia del Poder Judicial había advertido que supone una ruptura con el modelo de seguridad otorgado por la Constitución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que está encomendada la defensa y protección de las libertades de los ciudadanos españoles, que hasta ahora ha ido funcionando razonablemente bien, con unas tasas de criminalidad aceptables, siendo España uno de los países más seguros de Europa, y sobre lo que no existía una demanda social de ruptura, sí de mejora, por lo que la única explicación que tiene traer ahora el PP una reforma de la ley es su propósito de dar una mayor cobertura a las empresas de seguridad privadas, con lo que la consecuencia más inmediata será que la seguridad no va a ser la misma para todos los ciudadanos, que dispondrán de ella en la medida que dispongan del dinero para pagarla.
Conozco las Academias de formación tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, el esfuerzo que supone formar a los guardias civiles y policías nacionales tras superar la oposición y las pruebas de ingreso, y de ninguna manera, obviamente, puede ser comparable a ellas las del ámbito privado, con todos mis respetos y consideración a los trabajadores de la seguridad privada, a los que tenemos que potenciar y atender en sus demandas mejorando y armonizando las relaciones entre seguridad pública y privada, pero hay actuaciones y situaciones que de ninguna manera pueden sustituir una a otra, y por algo será que los policías nacionales y guardias civiles pasan dos años viviendo y formándose en sus academias, con todo el gasto que ello supone, bien empleado, por cierto, porque deseamos una Seguridad Pública con el máximo de garantías constitucionales.
El proyecto del Partido Popular abre incluso la puerta de las prisiones a la seguridad privada, y en conjunto va a suponer una dejación de funciones de nuestro modelo constitucional, con lo que puede rozar la inconstitucionalidad. Nuestra propuesta es la reposición de unas 4.500 plazas de guardias civiles y policías nacionales, mejorar las relaciones de la Seguridad Pública con la Privada y avanzar en la formación y funciones del vigilante.
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