El portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Conrado Escobar, señaló hoy que con el Proyecto de Ley de la Seguridad Privada habrá "una mejor y mayor seguridad para todos los españoles", lo que redundará en un reforzamiento de la seguridad pública aprovechando el potencial de la seguridad privada desde la preeminencia del Estado.
En su intervención durante el debate de las enmiendas procedentes del Senado al Proyecto de Ley de seguridad privada, el parlamentario popular señaló que la nueva norma "exige más al sector privado, pero aprovecha todo su potencial: el del personal, el de la información, la tecnología y la innovación". "Constituirá indudablemente una mejor regulación de la labor de la seguridad pública en beneficio de todos con una actividad subordinada y complementaria", apostilló.
La nueva ley, resumió Escobar, "estructura adecuadamente el modelo de colaboración; incorpora las nuevas necesidades de la seguridad solicitadas por las circunstancias en el siglo XXI; propicia una mayor profesionalización y especialización de las empresas y del personal de la seguridad privada; persigue el intrusismo profesional y ofrece mayores oportunidades para la contratación y el empleo en este ámbito".
Escobar rechazó "las soflamas sectarias y los retorcidos argumentos radicales e inmovilistas" lanzados por algunos grupos en "discursos falsamente estereotipados, de clichés electoralistas, que son artificiales cuando no alarmistas y que, desde luego, no se corresponden con la Ley".
Según el PP la ley de seguridad privada mejorará la seguridad de todos.
Escobar hizo una radiografía general de la seguridad privada y pública en nuestro país señalando que España cuenta con las mejores Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del mundo, con uno de los mejores ratios internacionales -516 agentes por cada 100.000 personas- y con más de 4.000 empresas de seguridad privada que generan más de 80.000 empleos y, según subrayó, la idea es "aprovecharlos en beneficio de la seguridad de todos".
Escobar hizo una radiografía general de la seguridad privada y pública en nuestro país señalando que España cuenta con las mejores Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del mundo, con uno de los mejores ratios internacionales -516 agentes por cada 100.000 personas- y con más de 4.000 empresas de seguridad privada que generan más de 80.000 empleos y, según subrayó, la idea es "aprovecharlos en beneficio de la seguridad de todos".
Con esta ley, explicó Escobar, se contempla una más específica y minuciosa regulación para hacer frente al paso de las nuevas amenazas y al reto de globalizar la seguridad, se dota a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de más y mejores herramientas para supervisar y controlar a las empresas de seguridad y se protege a vigilantes y guardas rurales otorgándoles una mayor condición jurídica ya que, a partir de ahora, auxiliarán a los agentes policiales como colaboradores en los controles de acceso de aeropuertos, los centros de internamiento o las cárceles.
Y gracias a esta ley, añadió Escobar, podrá haber una mayor presencia en las calles porque se aprovecharán los recursos del potencial de la seguridad privada, al tiempo que hizo hincapié en que la intervención en los espacios públicos corresponde a las FyCSE y que la detención practicada por un vigilante será la misma que puede desarrollar cualquier ciudadano en la vía pública.
Con este Proyecto de Ley, finalizó el diputado popular, se incrementan los requerimientos a las empresas de seguridad privada en contra del "falso e injusto cliché" que venían sosteniendo algunos grupos, exigiéndoles "medios formales, medios materiales, capacidad económica y personal, una auditoría permanente y una inspección anual obligatoria e incrementando las sanciones para los casos de incumplimiento de 30.000 a 600.000 euros".
El Psoe critica que "la ley abre la posibilidad de obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada"
Antonio Trevín, portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Socialista, ha criticado hoy, ante el Pleno de la Cámara, que la Ley de Seguridad Privada abre la posibilidad de obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada. “Desde una concentración cicloturista a una manifestación antigubernamental, pasando por los partidos de fútbol modesto o las maratones populares”, ha asegurado. “Las infracciones serán muy graves, con multas de 30.000 a 600.000 euros. Quien pierde es la ciudadanía,que podrá ser detenida, identificada y cacheada por la seguridad privada”.
Según el portavoz socialista, la ley instaura el principio de que “quien quiera seguridad, que se la pague” en la aprobación definitiva del proyecto de ley de seguridad privada a su vuelta del Senado. Expresión utilizada, ha dicho, por el ex delegado del Gobierno del PP de Madrid, Francisco Javier Ansuátegui. “Lo dijo y demostró ser hombre de creencias firmes. Acabó de Gerente de la Fundación EULEN, una de las grandes compañías de la seguridad. Todas las importantes del sector hoy estarán encantadas de comprobar, cómo una vez más, este Gobierno ha cumplido lo que les prometió, aumentar considerablemente sus oportunidades de negocio”.
Trevín ha añadido que la Ley coloca a los ciudadanos ante nuevos desafíos, toda vez que en vías o en espacios públicos o de uso común, según el texto que remite el Senado, “vigilantes de la seguridad privada podrán detenernos, identificarnos y cachearnos”. En su opinión, “deberemos acostumbrarnos a la presencia de empresas de seguridad privada en nuestro día a día. Y sin embargo esta norma carece de mecanismos legales de medios efectivos y transparentes para controlar sus posibles incumplimientos o violaciones de los derechos ciudadanos de forma efectiva”. Además, ha considerado necesario reforzar el control de estas empresas en defensa de los ciudadanos, “pero esta ley no lo hace”.
El diputado socialista ha indicado que la ley deroga el principio que mandataba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como custodios exclusivos de la protección en los espacios públicos. “Entró en la Cámara abriendo la actuación privada a calles comerciales peatonales, como Preciados. Llega hoy ampliándola a ‘espacios de uso común’ que puedan delimitarse, es decir a grandes espacios como Preciados, Callao, Gran Vía y Fuencarral”.
“La reforma laboral del actual Gobierno ha incidido muy negativamente en los trabajadores de este sector”, ha explicado. “Los convenios colectivos han pasado a mejor vida para ser sustituidos por los pactos trabajador y empresario. Este hecho aceleró el intrusismo laboral y con esta ley se convertirá en moneda corriente”.
El portavoz de Interior ha asegurado que no todos los españoles van a tener el mismo nivel de seguridad, ya que el proyecto degrada su concepción como derecho para convertirla en una oportunidad más de negocio, por lo que la equidad vuelve a sacrificarse. El proyecto de ley, al recoger la ampliación de la seguridad privada, indica que “la norma se establece al objeto de contar con la necesaria habilitación legal para ponerla en práctica en función del mayor o menor coste que puedan suponer los efectivos dedicados a la seguridad”, cuando “el rigor del gasto no debería, significar el desmantelamiento de los servicios públicos. Es posible compaginar la austeridad con asegurar su calidad. Algunas falsedades no deberían salir gratis”, ha sostenido.
Por otro lado, se ha referido a que esta ley es “fruto” de un trabajado pacto entre el Grupo Popular y el de Convergencia i Unió. “Para el negocio, siempre se ponen de acuerdo. Pero, de lo que realmente importa ahora, entre Cataluña y España, de eso no son capaces, tan siquiera de hablar. Necesitábamos una nueva Ley de Seguridad Privada, pero no era esta”.
Finalmente, ha afirmado que el Grupo Socialista rechaza esta ley porque “los ciudadanos pierden derechos democráticos y sociales, se precarizan las condiciones laborales de los trabajadores y unas pocas empresas se enriquecerán”.
El PSOE tacha de 'oportunidad de negocio' la recién aprobada Ley de Seguridad Privada
El Congreso ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de los vigilantes y les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial". Para su entrada en vigor, ya sólo resta su publicación en elBoletín Oficial del Estado (BOE).
El texto ha sido aprobado definitivamente con las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado, que han contado con el apoyo de PP, CiU y, parcialmente, PNV. El resto de grupos parlamentarios rechazan de plano la nueva legislación, que consideran que "privatiza la seguridad en detrimento de las Fuerzas de Seguridad del Estado".
Los aspectos más polémicos de esta nueva Ley de Seguridad Privada son los referidos a las competencias que otorga a los agentes de seguridad privada en su artículo 41. Tras los acuerdos alcanzados por PP y CiU en el Senado, finalmente los vigilantes no podrán patrullar por las zonas comerciales.
Sin embargo, sí se mantienen el resto de funciones que figuraban en el redactado original, de manera que los agentes de seguridad privada podrán hacerse cargo del control del perímetro exterior de las cárceles y los centros de extranjeros.
También, con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.
Podrán detener y anotar datos personales
Otro de los puntos de la Ley que ha provocado más debate durante su tramitación parlamentaria es el relativo a la potestad de los vigilantes para detener a ciudadanos que hayan cometido un delito. Tanto elMinisterio del Interior como el PP han defendido que las competencias de los vigilantes de seguridad privada para detener son las mismas con las que cuenta cualquier otro ciudadano desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, según la cual, cualquier ciudadano puede detener a otro si le descubre cometiendo un delito, si se ha fugado de prisión o si se encuentra huido de la Justicia.
El texto final aprobado este jueves por el Congreso mantiene la potestad de los agentes de seguridad privada para practicardetenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no les permite averiguar o comprobar estos datos, como figuraba en el texto inicial y que fue modificado durante su tramitación en el Senado.
Pero las modificaciones no satisfacen ni al PSOE, Izquierda Plural, UPyD ni a PNV, que coinciden en que la ley pretende consolidar la seguridad privada en detrimento de la pública y abrir nuevos negocios a este sector en un asunto, la seguridad, que debe únicamente corresponder a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Muy crítico se ha mostrado el portavoz de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, para quien la supuesta modificación del polémico artículo 41 ha sido simplemente un "ejercicio de trilerismo gramatical" que no ha supuesto que los "campos de negocio sean cercenados ni limitados", pese a lo que se quiere hacer ver desde el PP.
PSOE: 'Una oportunidad de negocio'
En este sentido, para el diputado socialista Antonio Trevín el hecho de que el texto finalmente incluya la autorización para que los vigilantes presten determinados servicios, como la seguridad en el perímetro de las fronteras o su presencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), no significa nada porque esos permisos "se darán como churros".
"Necesitábamos una ley, pero no ésta", ha destacado Trevín, para quien el objetivo de la norma es aumentar "considerablemente" las oportunidades de negocio de las empresas privadas y "que el quiera seguridad se la pague".
Tampoco el PNV y CiU se han mostrado satisfechos con el texto, salvo en el punto que reconoce a País Vasco y Cataluña las competencias sobre el control o inspección de las empresas de seguridad y los despachos de detectives que operen en sus territorios.
"Tenemos nuestras reservas severas sobre la configuración de este proyecto que nos acerca peligrosamente a un estado policial", ha advertido el diputado nacionalista vasco Emilio Olabarria, que considera "muy perversa" la "interacción" de la norma hoy aprobada con la futura Ley de Seguridad Ciudadana.
Mientras, el portavoz de CiU Jordi Janè, ha vaticinado que la ley supondrá una "alteración del equilibrio" entre seguridad privada y pública, frente a la preeminencia que siempre debe existir de la segunda con respecto a la primera. En este sentido, se ha mostrado satisfecho que después de las negociaciones con el PP la vigilancia privada en los alrededores de recintos abiertos requerirá de "autorización previa" de los responsables públicos.
Desde UPyD, su portavoz Toni Cantó ha dejado clara su oposición al texto que supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas.
Frente a las críticas, el diputado del PP Conrado Escobar ha defendido que la norma no solo era necesaria, sino que además regulará el sector de forma más específica y siempre bajo los principios de "complementariedad" y "subsidiaridad" a la seguridad pública.
El Parlamento Vasco rechaza «abiertamente» la Ley de Seguridad Privada
El Parlamento Vasco ha rechazado "abiertamente" el proyecto de ley de seguridad privada , que hoy ha sido aprobado en el Congreso, al estimar que en él "subyace un claro intento de expandir la privatización en este ámbito".
La Cámara de Vitoria ha aprobado en el pleno de hoy un texto transado por PNV, EH Bildu y PSE-EE que ha contado con el voto en contra del PP. UPyD ha respaldado dos puntos de la iniciativa y se ha abstenido en un tercero.
El Parlamento Vasco considera que las políticas de seguridad tienen que seguir en manos de los poderes públicos e insta al Gobierno de Iñigo Urkullu a defender en todos los ámbitos el carácter público de las mismas.
Además solicita a las Cortes que reconozcan que el Ejecutivo vasco es el competente en la autorización, control e inspección de todos los servicios de seguridad privada que se presten en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca.
El Congreso ha aprobado hoy de forma definitiva el proyecto de ley de seguridad privada que permitirá aumentar las competencias de los vigilantes, aunque con límites, y regulará un sector en auge bajo los principios de complementariedad y subordinación a la seguridad pública.
Aprobada la nueva Ley de Seguridad Privada (Articulo de la Augc).
Una vez introducidas algunas leves enmiendas en el Senado, el Proyecto de Ley de Seguridad Privada ha vuelto al Congreso de los Diputados, donde se ha aprobado con los votos a favor de PP y CIU, tras el debate que ha tenido lugar el día 20 de marzo. Durante toda la tramitación de dicho proyecto normativo AUGC ha mantenido reuniones con varios grupos parlamentarios y contacto permanente con algunos de ellos, emitiendo distintos informes y proponiendo numerosas enmiendas, la mayoría de las cuales han sido asumidas íntegramente y presentadas por Izquierda Unida. Durante dicho debate se reiteraron las posturas que cada grupo parlamentario ya había mantenido durante la sesión del 17 de octubre de 2013.
PNV dijo que “esta ley es mala, en tanto en cuanto interactúa con la ley de protección de la seguridad ciudadana en ámbitos complejos de determinar y que no deben corresponder nunca a agentes privados de seguridad”.
UPyD expuso que “estamos en contra de este proyecto de ley que nos presenta el Partido Popular porque supone una dejación del trabajo que debe hacer el Estado a favor de unas empresas privadas que además no están preparadas para acometerlo… Ahora los agentes de seguridad privada pueden detener, vigilar eventos en la vía pública o vigilar el perímetro de los centros penitenciarios. Lo que debe hacer el Estado es acometer de una vez por todas el aumento de efectivos de las fuerzas de seguridad, en vez de sustituirlos por las empresas privadas”.
IU dijo que “las enmiendas que vienen del Senado no alteran sustancialmente el carácter privatizador de la ley. Ha quedado demostrado que la voluntad del Gobierno y del Partido Popular no era tanto la actualización de un texto que ya tiene más de veinte años, sino sobre todo abrir nuevos espacios de negocio a la seguridad privada… La vigilancia externa de centros penitenciarios, acontecimientos en espacios públicos, la vigilancia de recintos y espacios abiertos, o la participación en servicios encomendados a la seguridad pública, pasa a la esfera de lo privado algo que debe pertenecer exclusivamente al ámbito público”.
Y que “el Gobierno no ha podido esperar a la tramitación final de esta ley, a su entrada en vigor para poner en marcha el contrato de vigilancia privada del perímetro de las instituciones penitenciarias. Al erario público le va a costar casi 7,5 millones de euros esa vigilancia innecesaria porque está encomendada todavía hoy a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; sin embargo, el Gobierno ha tenido muchísima prisa en sacar ese contrato. Intereses espurios desde luego existen y nos duele que al final el dinero público se acabe gastando para beneficiar a determinadas empresas privadas que tienen relaciones privilegiadas, presuntamente, con miembros del Partido Popular”.
CIU afirmó que “estamos satisfechos con la modificación que se ha realizado en el ámbito competencial. Esas enmiendas correctivas del ámbito competencial son positivas porque no hacen otra cosa que respetar el bloque de la constitucionalidad”.
PSOE dijo que “el que quiera seguridad que se la pague, este principio es lo que hoy propone esta Cámara, no todos los españoles van a tener a partir de ahora el mismo nivel de seguridad, ya que este proyecto degrada su concepción como derecho para convertirlo en buena medida en una oportunidad más de negocio… Incluso en vías o espacios públicos vigilantes de seguridad privada podrán detenernos o pararnos, si quieren decirlo así, identificarnos y cachearnos… Posibilita obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada, desde una concentración cicloturista a una manifestación antigubernamental, pasando por los partidos de fútbol modesto o los maratones populares”.
Y que “la patronal de la seguridad privada está hoy de enhorabuena, contarán con nuevos nichos de negocio: los recintos exteriores de las prisiones y de los CIE, la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, incluida la disolución de manifestaciones, las vías y los espacios de uso común de las urbanizaciones y polígonos industriales que se la puedan pagar, cualquier calle o espacio público… Instauran definitivamente el principio tan querido para el Partido Popular, de que el que quiera seguridad que se la pague, expresión de su delegado, Ansuátegui, en Madrid; lo dijo y demostró ser hombre de creencias firmes, porque acabó de gerente de la Fundación Eulen, una de las grandes de la seguridad española”.
PP expuso que “más y mejor seguridad para todos los españoles, esa sería la síntesis del proyecto que ahora traemos en su trámite final al Congreso… Son más de 1.400 empresas de seguridad privada que desarrollan su actividad en nuestro país, y son más de 80.000 empleos los que queremos que se aprovechen en beneficio de la seguridad de todos… Si les vamos a pedir a los agentes privados que trabajen para nosotros es lógico y coherente que también les demos una mayor protección jurídica mediante la incorporación de agente y de autoridad a nivel penal”.
AUGC opina que con esta Ley de Seguridad Privada ya aprobada se pretende privatizar una gran parte de la seguridad pública, como de hecho ya se está haciendo en los centros penitenciarios. Se está contraviniendo el espíritu de la Constitución Española, de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Ley de Seguridad Ciudadana, todas las cuales otorgan al Estado la competencia exclusiva sobre la Seguridad Pública, ejerciéndola únicamente a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que deben ser las garantes del libre ejercicio de los derechos y libertades y de la seguridad ciudadana.
Por todo ello AUGC ha mantenido durante los últimos meses una ingente actividad, denunciándolo públicamente, reuniéndose con los grupos parlamentarios y emitiendo informes técnicos exhaustivos, pero la mayoría absoluta del PP y la connivencia interesada de CIU han sacado adelante una ley que viene a crear en la práctica una ‘policía privada’, incrementando innecesariamente el gasto público y convirtiendo una materia tan relevante como la Seguridad Pública y Ciudadana en un espacio de negocio privado. Sólo queda esperar que en un futuro no muy lejano, antes de que la situación sea irreversible, esta ley que ahora se aprueba pueda ser modificada para que la seguridad pública recupere el lugar que nunca debió perder.
LEY SEGURIDAD PRIVADA - NOTA EAJ-PNV (Iñaki Anasagasti-Pnv).
Emilio Olabarria, portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, ha denunciado hoy que “la Ley de Seguridad Privada contribuye, junto a la Ley de Seguridad Ciudadana, a la criminalización de la contestación ciudadana en un momento en el que los movimientos ciudadanos protestan o reivindican los derechos que están siendo vulnerados con mucha frecuencia” a través de diversas leyes de carácter social y económico.
En el último debate antes de la aprobación definitiva del Proyecto de Ley de Seguridad Privada, Olabarria ha insistido en el “sobredimensionamiento del derecho punitivo” que contiene esta norma y otras, y ha añadido que “se está creando algo que se puede aproximar mucho a lo que podríamos denominar Estado casi policial”.
En este mismo sentido, el Diputado de EAJ se ha mostrado contrario a que “meras campañas informativas puedan ser objeto de disolución o represión” por parte de agentes públicos y “todavía menos que lo hagan agentes privados de seguridad”, y ha criticado la “vinculación perversa entre la Ley de Seguridad Ciudadana”, todavía en fase de Anteproyecto, y “la Ley de Seguridad Privada” que será aprobada definitivamente hoy.
Por ello, debido a que “la filosofía” del Proyecto de Ley de Seguridad Privada “provoca severas reservas al Grupo Vasco”, Olabarria ha anunciado la “negativa” de EAJ-PNV a este Proyecto de Ley.
Por último, Olabarria ha reconocido la satisfacción del Grupo Vasco con el ámbito competencial de esta norma, que “es una de las pocas leyes de esta Legislatura en las que hay respeto escrupuloso a las competencias autonómicas en materia de Seguridad”, y ha señalado que “tanto Cataluña como Euskadi”, por tener título competencial habilitante para ello, “podrán autorizar el funcionamiento de empresas privadas de seguridad, habilitar e inhabilitar a los agentes, formarlos, etc”.
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