Sindicatos de Policía y Guardia Civil arremeten contra el proyecto de ley del Gobierno al entender que se trata de una "privatización encubierta de la seguridad". Aspectos como el de la formación o las infraestructuras pondrán en evidencia la inviabilidad de la ley. Creen que es un parche de Interior para atajar el problema de la reducción del número de agentes.
"Un disparate", "una barbaridad", "una aberración"... El proyecto de ley de Seguridad Privada aprobado este martes con los votos del PP, CiU y PNV no solo se ha topado con el rechazo frontal del resto de grupos parlamentarios que presentaron más de setenta enmiendas, sino también de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se han pronunciado y no precisamente para aplaudir la medida de Interior. Ambos colectivos coinciden en señalar la futura ley como una "privatización encubierta" de la seguridad con la que se quiere hacer negocio y se muestran alarmados por el asunto de la formación del personal de las empresas privadas, a quienes se faculta, además de para ejercer la vigilancia en lugares públicos y privados, para "efectuar controles de identidad y de objetos, realizar detenciones", e incluso actuar en conflictos laborales.
"Es una clara apuesta del Gobierno por la seguridad privada", sentencia José María Benito, secretario general del SUP. En su conversación con Vozpópuli señala cuál es el problema de fondo que querría solventar el Ejecutivo de Rajoy con la nueva norma: "Hay un problema de personal muy importante porque cada año se pierden 2.500 agentes". En la misma línea, la AUGC considera que esta ley "da carácter de autoridad a gente que no la tiene, creando policías baratos". El drástico descenso de personal supone "un problema de seguridad" y la solución del Gobierno es "una privatización encubierta", asegura un portavoz de la asociación mayoritaria del Instituto Armado. Las sospechas de Policía y Guardia Civil sobre las soterradas intenciones del Gobierno de favorecer el negocio de la seguridad privada no son en realidad tan secretas, puesto que han sido confirmadas por el propio ministro del Interior.
Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cualquier ciudadano puede realizar una detención si es testigo de un delito, pero según apuntan desde la AUGC se trataría de una detención física, no jurídica como serían las realizadas por los vigilantes de seguridad. "Ellos hacen su trabajo y tienen la formación específica para desarrollarlo y nosotros lo respetamos, pero se les va a dar una responsabilidad que ahora no tienen probablemente cobrando lo mismo". Subrayan además lo complicado de una detención, en tanto en cuanto se trata de quitar un derecho fundamental a una persona. El otorgar carárter de autoridad debe ser más restrictivo, opinan. No son pocos los agentes que consideran peligroso dar esta potestad a vigilantes privados. "¿Quién responde ante una mala actuación de ellos?, comenta un guardia civil a este medio. Además, explica que un ciudadano puede negarse a ser identificado por un vigilante porque "nunca sería desobediencia a la autoridad".
Lagunas sobre la formación del personal
La formación es uno de los aspectos que más interrogantes y preocupación genera. El Gobierno no define en su ley ni la duración ni el carácter de la formación que recibirán los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, guardas de caza y guardapescas marítimos. Sí obliga a las empresas a disponer de un centro de formación para obtener la acreditación correspondiente en el cual se impartirán los programas de formación previa y especializada elaborados por el Ministerio del Interior, "en cuyo contenido se incluirán materias específicas de respeto a la diversidad y a la igualdad de trato y no discriminación". El diputado socialista Antonio Trevín ya advirtió en el Congreso que esta propuesta supone conceder a las empresas privadas el poder para "formar y seleccionar a su libre albedrío".
Desde el SUP critican que el planteamiento del Gobierno no es el idóneo para dar una formación adecuada. "A un policía cuesta formarle dos años con el esfuerzo del Estado, y en ocasiones nos quejamos porque nos parece poco, y se pretende formar a este personal en la misma materia con un curso", denuncian. En el caso de la Guardia Civil, el período de formación es prácticamente el mismo entre la estancia en la academia y el ciclo como profesional en prácticas. La AUGC no opina de manera distinta: "Con todos los respetos, un vigilante no está formado para ser agente de la autoridad. Tendremos problemas seguro".
¿Y qué opinan los vigilantes de seguridad? Los foros en internet echan chispas. Se advierten dudas, incertidumbre y sobre todo recomendaciones: "Pónganse las pilas y estudien por su cuenta todo lo que puedan". Más de uno cree que ahora tendrán más responsabilidad y "sin cobrar una perra más". "Ahora sí somos policías de segunda o tercera, más baratos y sin dependencia alguna", se puede leer en un foro del gremio.
Colaboración frente a supeditación
Pese a que el proyecto de ley especifica como uno de los principios de actuación del personal de seguridad privada la colaboración con Policía y Guardia Civil, es decir, que "estará obligado a auxiliar y colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a facilitarles la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, y a seguir sus instrucciones en relación con el servicio de seguridad privada que estuvieren prestando", el sindicato policial hace otra lectura bien distinta y cree que con esta ley es la Policía quien deberá estar como auxiliares de las empresas privadas.
Los vigilantes podrán detener a quien cometa un delito en el ámbito de su protección, pero deberán poner al delincuente inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos. Para el SUP, este escenario, en el que un vigilante de seguridad identifica o detiene a un ciudadano, no solo requiere la intervención de la Policía para proceder por ejemplo a un interrogatorio -algo que no puede hacer el personal de seguridad-, sino que la necesita porque "no existen infraestructuras, se necesitan dependencias policiales, y eso pone a la Policía al servicio de las empresas de seguridad privada".
A la UFP le preocupa especialmente que no se establezcan límites sobre las “cesiones de datos” entre cuerpos policiales estatales y empresas privadas de seguridad por el peligro que supone que esos “datos” se faciliten a dichas empresas. Datos de identidad, detenciones o requisitorias judiciales de personas son un material "demasiado sensible como para que estén en manos de un empresario", asegura la agrupación policial.
En manos de la responsabilidad individual
La nueva ley viene a sustituir la regulación del año 1992, que "resulta hoy claramente insuficiente". Según el propio texto, "profundiza decididamente en el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública), apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general". El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha salido al paso ante el aluvión de críticas diciendo que no significa que los vigilantes de seguridad puedan practicar cacheos y detenciones arbitrariamente. "En caso de que así lo hicieran, incurrirían en las correspondientes figuras de delito tipificadas en el Código Penal".
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