Justo en pleno debate sobre la futura Ley de Seguridad Privada, Leganés vivió, hace una semana, un ejemplo de las eventuales consecuencias que puede tener un aumento de las competencias de los vigilantes de seguridad. Un empleado de Prosegur, Alin-Nicu Cocirca, de 35 años, pegó un tiro a un joven, Nazariy Spivak, de 18 años, durante una reyerta. El autor del disparo aseguró a la policía que 11 atacantes le quitaron a su compañero y a él las porras y las emprendieron a golpes. En un momento dado, le intentaron arrebatar el arma y se produjo un tiro fortuito. La víctima, al contrario, mantuvo que les amenazaron, golpearon y que uno de ellos utilizó el revólver.
La reyerta se produjo alrededor de las seis y media de la tarde en la estación de Parque Polvoranca, en Leganés (Madrid), cuando un grupo de 11 jóvenes se saltó los tornos en la parada anterior y comenzó a hacer gamberradas ya dentro del vagón. Los dos vigilantes de seguridad, pertenecientes a los llamados Grupos Operativos (GOP), se acercaron a estos viajeros y le recriminaron su actitud. A partir de ahí, surgen las dos versiones.
Nazariy Spivak declaró ante la policía que los dos vigilantes se acercaron al vagón en el que estaban y les recriminaron su actitud. Acto seguido, se quitaron la chapa de color blanco que lleva su número identificativo y comenzaron a amenazarles, mientras la emprendían a golpes con ellos. Se inició entonces una reyerta, en la que los jóvenes intentaron defenderse. Fue entonces cuando Alin-Nicu Cocirca sacó su revólver reglamentario, del calibre 38 especial, y efectuó dos disparos. El primero, al aire y el segundo, contra la pierna izquierda de Spivak. Cuando el tren llegó a la estación, los jóvenes salieron e intentaron huir saltando una valla.
Cuando llegaron los policías locales y nacionales, tres amigos estaban taponando la herida de bala. Esta tenía orificio de entrada y salida y no afectó al sistema óseo ni vascular. Fue trasladado al hospital 12 de Octubre. Mientras, el vigilante de seguridad fue detenido, acusado de lesiones graves. También entregó el revólver y la guía de pertenencia —el documento que atestigua la titularidad del arma—. La policía comprobó que en el tambor había cinco cartuchos, por lo que la versión de los jóvenes ya comenzaba a flaquear. Tras pasar a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Leganés, quedó en libertad con cargos.El vigilante de seguridad relató que los 11 chavales se colaron en Fuenlabrada. Se acercaron a ellos y les pidieron los billetes, que no llevaban. A continuación, la emprendieron a golpes con los empleados e incluso, según su relato, les sacan alguna navaja. En el forcejeo les arrebataron las porras y les pegaron con ellos. Según Cocirca, en un momento dado notó que le estaban quitando el arma y cuando le echó mano se produjo el disparo de forma accidental que alcanzo al joven en la pierna.
Este periódico contactó con el vigilante de seguridad, que está de baja, y estaba dispuesto a contar su versión de la reyerta. La compañía para la que trabaja, Prosegur, declinó que lo hiciera al entender que el asunto está siendo investigado por la autoridad judicial. Fuentes del Departamento de Seguridad de Renfe explicaron que este empleado nunca había dado problemas en el servicio (lleva 12 años como vigilante, de los que dos ha estado en la compañía ferroviaria) y que ha sido felicitado en más de una ocasión por su profesionalidad en el servicio.
Un caso en el que se vieron envueltos también vigilantes de Renfe ocurrió en mayo de 2006 en la estación de Atocha, cuando murió Antonio Mena Sanz, de 27 años, tras ser reducido y esposado por otros cuatro vigilantes. La autopsia determinó que Mena no presentaba señales externas de violencia, ni hematomas ni fracturas, por lo que el forense se inclinó a creer que falleció por un derrame cerebral.Algo similar ocurrió con el herido. Este estuvo internado hasta el pasado viernes en la unidad de Traumatología del hospital madrileño. Al principio accedió a explicar a EL PAÍS lo ocurrido la tarde del sábado. Eso sí, su primera pregunta fue cuánto iba a cobrar por hablar con el periodista. Después, no quiso hacerlo, entre otros motivos por consejo expreso de sus padres.
El caso de Leganés surge en pleno debate sobre la Ley de Seguridad Privada y su aumento de atribuciones, entre los que se encuentra el poder detener en plena calle.
Una orden del Ministerio del Interior de 2011 estipula que los vigilantes prestaran servicio con un revólver calibre 38 especial con un cañón de cuatro pulgadas. En teoría está reservado para aquellos servicios de especial riesgo como el traslado de dinero en efectivo, la vigilancia de entidades bancarias o joyerías o los encargados de reponer los billetes en los cajeros automáticos, entre otros. Los que lleven armas tendrán que efectuar “un mínimo de 25 disparos” en cada ejercicio obligatorio de tiro, que tendrá que hacer cada seis meses como mínimo.
Para el presidente de la Asociación Española de Directores de Seguridad (500 afiliados), José Antonio Martínez, lo importante con los vigilantes de seguridad es que estén “bien formados” para que sepan cuáles son sus responsabilidades y limitaciones. “El debate no está tanto en que lleven o no arma, sino en que tengan los controles necesarios para saber que están capacitados mental y físicamente para llevarla. Todo pasa por la formación y de la valoración que se haga de sus aptitudes”, destaca Martínez. Este añade que su función va a depender de las incidencias y de los riesgos que pueda asumir. “Muchas veces el simple hecho de llevar el arma ya es en sí disuasorio”, añade.
Fuentes policiales reconocen que el portar un arma supone un grave riesgo por las consecuencias que se pueden derivar de su uso. También mantienen que muchas veces los vigilantes de seguridad no están formados ni hacen las prácticas suficientes para este tipo de servicio. A eso se unen que hasta el momento están considerados como auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que su actuación queda limitada a pocos y tasados casos. Al menos hasta el momento.
El Ministerio del Interior por su parte recuerda que la futura Ley de Seguridad Privada procederá a aumentar los controles de estos vigilantes, lo que supondrá un incremento de la calidad profesional de estos trabajadores, según explica un portavoz. “Se les va a exigir que los profesionales que lleven arma tengan más formación”, añade este portavoz.
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