Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado protestan contra la Ley de Seguridad Privada

Representantes sindicales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se han concentrado hoy en Valencia contra una ley de Seguridad Privada que, según han denunciado, deja "por negocio" en manos de las empresas privadas algo tan "serio y fundamental" como la seguridad de los ciudadanos.

Más de un centenar de personas se ha concentrado frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, cortando parcialmente la calle de Colón e interrumpiendo el tráfico intermitentemente, y mostrado pancartas contra una iniciativa que considera "inadmisible".

Convocada por CCOO, UGT, CSIF, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión Federal de Policía (UFP) y la Unión de Guardias Civiles (UGC), en la manifestación se ha defendido un "servicio de seguridad ciudadana de calidad".

Según ha afirmado a Efe el policía y responsable de Administración Local de CCOO, Julio Conesa, esta ley -actualmente en el Senado- deja el espacio tradicionalmente ocupado por los policías nacionales y locales y agentes de la Guardia Civil en manos de la seguridad privada, lo que puede acarrear una merma en la calidad del servicio y una pérdida de empleos.

Conesa ha advertido de que, con esta nueva ley, los sindicatos prevén para los próximos cinco años del orden de 12.000 agentes menos en el Cuerpo Nacional de Policía, 10.000 en la Guardia Civil "que no se van a cubrir y la desaparición de cuerpos de Policía Local". "Además, las personas que podrían entrar a sustituir a los agentes no tienen las mismas garantías ni formación, no son funcionarios y se deben a sus empresas, por lo que la seguridad se dejaría en manos de intereses privados", ha alertado.

Del mismo modo, ha señalado que la normativa contra la que hoy protestan prevé algo "inédito" y es que estas empresas actúen ante las infracciones administrativas, que "son el 80% de los servicios" que prestan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y ha citado las ordenanzas, en el ámbito municipal, y las leyes de seguridad vial y ciudadana, en el estatal.

"Estamos viendo que más que el orden lo que manda es el bolsillo", ha aseverado, y ha añadido: "Si no se puede jugar con nuestra salud y nos oponemos a la privatización de la sanidad, si no queremos jugar con nuestra seguridad, también deberíamos oponernos a que la privaticen".

Desde UGT, Francisco Caballero ha apuntado a Efe que las leyes de Seguridad Privada y de la Reforma Local pueden acarrear una pérdida de "hasta 25.000 puestos de trabajo directos e indirectos sólo en la Comunitat".

Caballero ha sostenido que "privatizar la seguridad ciudadana, como ocurrirá" si se aprueba la ley, es "privatizar un servicio público más" y va a "perjudicar a los ciudadanos". Ha puesto como ejemplo que esta reforma permitirá que las empresas privadas ocupen espacios públicos y "los vigilantes, con condición de agente de la autoridad, puedan vigilar y patrullar, y sustituir a la Policía Local". "Esta ley es una bolsa más de negocio que el PP ve, e intenta abaratar el coste de la seguridad pública a costa de los derechos de los ciudadanos", ha zanjado.

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