Se acaban de cumplir dos años desde la entrada en vigor del RDL 3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. Dicha reforma tenía como objetivo estratégico “construir un nuevo modelo de relaciones laborales que frenara la destrucción de empleo, sentara las bases para la creación de empleo estable y de calidad y favoreciera la competitividad”, tal y como afirma el ejecutivo en elInforme de Evaluación del Impacto de la Reforma Laboral.
El elevado nivel de desempleo, así como la incapacidad de nuestro mercado laboral de responder de forma eficiente a las variaciones de los ciclos económicos, exigían una nueva regulación laboral. Sin embargo, la nueva normativa, lejos de tener en cuenta los problemas estructurales del mercado de trabajo (modelo productivo, gran incidencia de empleos de baja cualificación, desempleo de larga duración, etc.) se centró en la excesiva “rigidez” del sistema. Es decir, se ha culpado al Derecho del Trabajo de la ineficiencia del mercado laboral.
Tras dos años en marcha, el objetivo estratégico planteado queda muy lejos de la realidad. Se ha conseguido establecer un nuevo modelo de relaciones laborales, que no ha frenado la destrucción de empleo, no ha creado empleo estable ni de calidad y sólo ha favorecido la competitividad por medio de la reducción de costes laborales. Es cierto que la destrucción de empleo se ha ralentizado; esto era algo que, tarde o temprano, tendría que ocurrir, pero no se ha logrado frenar ese proceso. Además, el abaratamiento del coste del despido así como la mayor facilidad para llevar a cabo despidos objetivos y colectivos, ha provocado una mayor destrucción de empleo indefinido. Por el contrario, el poco empleo que se ha creado es precario.
La comparación de datos de la EPA 2011TIV y 2013TIV es contundente. La tasa de desempleo se ha incrementado un 3,18 %. Se han destruido 673,9 mil empleos indefinidos. La posibilidad de que los ocupados a tiempo parcial puedan hacer horas extraordinarias ha fomentado esta forma atípica de empleo, que ha pasado de 2158,5 mil asalariados a 2424,1 mil, es decir un incremento de 265,6 mil, mientras que los contratos a tiempo completo han disminuido en 1357,4 mil.
Otro dato preocupante, es la disminución de la tasa de actividad del 59,94% al 59,43%. Es decir no sólo se ha incrementado el desempleo sino que aumenta el número de personas que abandonan el mercado laboral (emigrantes, jóvenes que alargan los estudios ante la imposibilidad de encontrar empleo, prejubilaciones, o simplemente personas que abandonan el mercado laboral ya que consideran que no van a encontrar empleo). La creación de empleo neto no ha existido. El número de ocupados ha descendido en 1049300 personas.
El RD 3/2012 incluyó una nueva modalidad contractual, el llamado contrato de emprendedores, de carácter indefinido con un periodo de prueba de un año, a partir del cual la empresa puede acogerse a una serie de incentivos fiscales. Según señala UGT en su informe Dos Años de Reforma Laboral, desde Febrero de 2012 un 85,6% de estos nuevos contratos no ha accedido a dichos incentivos. Es decir, esta modalidad de contratación indefinida se ha utilizado mayoritariamente como si de un contrato temporal se tratara.
Con esta reforma se introduce el concepto flexiguridad como estrategia para mejorar al mismo tiempo la flexibilidad y la seguridad en el mercado laboral, en concordancia con la Estrategia Europea de Empleo. La flexiguridad persigue ser un modelo intermedio entre mercados de trabajo regulados y liberalizados. Tiene como modelo de inspiración el mercado de trabajo danés caracterizado por: reducidas indemnizaciones por despido (similares a las de Estados Unidos o Reino Unido); una elevada protección frente al desempleo (en cuantía y período) y fuertes políticas activas para la formación y reciclaje profesional que faciliten la rápida incorporación al mercado de trabajo de los desempleados. De esta forma, pretende conseguir garantizar la flexibilidad de los mercados laborales y al mismo tiempo ofrecer unos niveles de seguridad que favorezcan el mantenimiento de la cohesión social.
La reforma laboral, así como las sucesivas modificaciones que han tenido lugar a petición de la Troika, ha ahondado en la flexibilidad interna, al dotar al empresario de capacidad para modificar sustancialmente las condiciones laborales de forma unilateral, también en la flexibilidad externa abaratando el despido, así como en la flexibilidad salarial, al facilitar el “descuelgue salarial” y al dotar de mayor protagonismo a los acuerdos de empresa frente a los acuerdos sectoriales. Sin embargo, no ha reforzado los sistemas de protección frente al desempleo; todo lo contrario, se ha reducido la cuantía de las prestaciones, no se han reforzado de forma significativa los mecanismos de reinserción laboral y se ha rebajado el presupuesto destinado a políticas activas de empleo.
Amparándose en la necesidad de las empresas de adaptarse a los ciclos desfavorables de forma rápida, se ha otorgado al empresario la capacidad de modificar condiciones laborales de forma unilateral, se ha eliminado el requerimiento de autorización administrativa en los despidos colectivos, se favorece el descuelgue y se da prioridad al convenio de empresa. El objetivo oculto de estas medidas es establecer la individualización de las relaciones laborales, en consonancia con la teoría neoliberal que considera que el mercado de trabajo no es una institución social sino que existe únicamente como relación mercantil, en la que la situación ideal implicaría una negociación individualizada de las condiciones laborales. Sin embargo, oferentes y demandantes de empleo no compiten en igualdad de condiciones en el mercado laboral, siendo la parte más fuerte (el empresario) quien en una negociación individual tiene todas las de ganar. Por este motivo, la legislación siempre ha tenido un carácter tuitivo para intentar equilibrar las fuerzas favoreciendo a la parte más débil de la relación laboral.
La reforma laboral ha supuesto una desregularización de las relaciones laborales, alterando el equilibrio existente entre las partes, decantándose hacia la parte más fuerte. Implica una flexibilización interna, externa y salarial, sin que se amplíe la seguridad frente al desempleo. De esta forma, se ha incrementado el sentimiento de inseguridad que junto a la menor protección del empleo y la situación de crisis económica, ha llevado a muchas familias a situaciones desesperadas en las que no les queda más opción que aceptar empleos en condiciones precarias, aunque esto implique no poder salir de una situación de pobreza.
Esther González Santana
Licenciada en Ciencias del Trabajo
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