- Directivos y productores constatan que en seguridad hubo contratos fantasma.
- Sólo 37 guardias jurados trabajaron en un dispositivo que costó 336.553 € a TVV.
El 24 de junio de 2006 lostécnicos y productores de RTVV y de las empresas que realmente iban a encargarse de instalar las pantallas de leds y los equipos de sonido empezaron a montar todo el dispositivo. Desde ese día hasta el 9 de julio, cuando elPapa Benedicto XVI despegó de vuelta a Roma, la difunta radiotelevisión autonómica preparó un dispositivo de vigilancia de los equipos técnicos. Quizás porque el «robo» ya se había consumado —el contrato de Teconsa costó más del doble del precio de mercado porque se repartieron 3 millones en comisiones, según la policía judicial— o porque ese servicio de seguridad era menos visible que las pantallas, el caso es que algunos contratistas de la vigilancia se ahorraron los guardias jurados. Al menos eso se desprende de algunas de las declaraciones realizadas ante el juez Jose Francisco Ceres, que investiga en el TSJ valenciano la causa Gürtel, entre otras las contrataciones por la visita del Papa a Valencia.
El entonces jefe del departamento técnico, Luis Sabater, explicó al magistrado durante su declaración de cinco horas que del listado de credenciales para personal autorizado para acceder a toda la zona de los preparativos y de los testimonios que a él le llegaban de varios productores se desprende que «solamente había 37 personas documentadas para estar en la seguridad». «No hubo seguridad, entendida como vigilantes, personas con uniforme. Hubo civiles según los productores», apuntó Sabater. «Estudiantes, me llegaron a decir», matiza el que fue responsable técnico de RTVV durante 22 años.
Canal 9 gastó 336.553 euros en el «servicio de conservación y control» de las instalaciones en las que se celebró el V Encuentro de las Familias. En total, fueron cinco contratos, todos adjudicados a dedo, sin respetar la «publicidad y concurrencia» que establece la ley de contratos y a través del «fraccionamiento» de los mismos y la «declaración de urgencia» para evitar la convocatoria de un concurso para elegir adjudicatario. Entre los beneficiarios estaba la empresa Apogee Telecomunicaciones, a la que RTVV otorgó uno de los contratos de seguridad por 99.764 euros.
«En mi opinión, facturas como la de Apogee se tramitaron como contratos menores contra la solicitud de gasto genérica de la visita del Papa sin serlo en realidad». Es una observación de Isaías García, por aquel entonces jefe de costes e inventarios del departamento económico. Apogee era una firma radicada en Sevilla e instrumentada por la trama Gürtel para el cobro de comisiones, entre otras una de 957.000 euros entregada por un responsable de esa empresa a Pablo Crespo, el número dos de la red de Correa. Apogee cobró como subcontratista 1.050.000 euros de Teconsa, usada como pantalla para quedarse con el contrato madre de 7,5 millones. La mayor beneficiaria, junto con la empresa sevillana, fue Eulen, a la que le concedieron un contrato de 122.238 euros. A la adjudicataria del servicio de vigilancia de RTVV, Segur Ibérica, le tocaron 55.870 euros. Consorcio de Servicios (19.882 euros) y Seguritas Seguridad España (38.798 euros) completan la relación de cinco contratistas, según la UDEF.
«El Bigotes, un personajillo»
El jefe de producción de RTVV, José Manuel Granero, explicó al juez que teóricamente debía tratar con el director general, Pedro García, las cuestiones de organización del evento. Pero Pedro García «no estaba». «No estaba físicamente en su despacho, no iba a trabajar, era una persona que no iba a menudo por la televisión, por eso De la Viuda [director de antena] y su jefe de gabinete eran los que soportaban el peso», explicó Granero.
Preguntado por si conocía a Álvaro Pérez «El Bigotes», dijo que de oídas. Lo definió como «un personajillo, un personaje vinculado al mundo del PP». «Supe que Pedro García colocó a su mujer en la tele; ya sabe, esos chascarrillos», señaló.
Una asesora de Sanidad revela que ya se sabía que ganaba Orange Market
María Moreno, una asesora de la Conselleria de Sanidad entre 2007 y 2011, aseguró al juez José Ceres que cuando se produjo el traspaso de poderes en la conselleria tras las elecciones de 2007 ya se sabía que Orange Market iba a organizar la entrega de premios Salud y Sociedad 2007 por la que está imputado el alcalde de Castelló, Alfonso Bataller. La testigo, que entró en Sanidad en julio del año 2007, admitió que a ella le pareció muy elevado el presupuesto, pero no pudieron modificarlo. Moreno añadió que aceptaron el presupuesto de Orange Market el 13 de septiembre a pesar de que el 5 de septiembre ya constaban como firmados los contratos.
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