Durante los interrogatorios realizados, un antiguo trabajador de ESABE señala que la empresa recibía avisos sobre inspecciones policiales que se iban a producir en algunos de sus centros de trabajo. Puntualiza incluso que en una de esas llamadas de la oficina central de la empresa se le detallaron las características físicas de la policía que iba a acudir a la inspección.
Los interrogatorios a testigos y antiguos trabajadores de las empresas del grupo ESABE han dejado el testimonio del que fuera inspector y coordinador de servicios del holding en Madrid,quien afirma que en ocasiones tenían conocimiento de inspecciones policiales incluso antes de que se produjeran, teniendo tiempo suficiente para tomar las precauciones necesarias y que las autoridades no detectaran posibles irregularidades.
El antiguo empleado de ESABE expone varias situaciones en las que, siempre según su versión de los hechos, recibió llamadas de las oficinas centrales de la entidad para advertir de estas inminentes inspecciones policiales a diversos puntos de trabajo en la capital. Especifica que en una ocasión recibió una llamada de las oficinas centrales "para que acudiese urgentemente al supermercado Hiber de Parla y que cambiase a un ordenanza por un vigilante porque la policía les iba a hacer una inspección". Matiza que incluso en esa llamada le dijeron las características físicas de una de las agentes que iban a realizar la inspección.Una situación similar a la que, según su testimonio, se dio más tarde con trabajadores del polígono Cobo Calleja. Otros interrogados también afirmaron que recibían información privilegiada sobre algunos concursos públicos, extremo negado por otros directivos.
Antonio 'el Gürtel'
Este antiguo trabajador, junto con otros empleados de ESABE interrogados a lo largo de la instrucción, identificó a un hombre llamado Antonio y apodado primero "el metrero" y más tarde "el Gürtel", considerado por algunos trabajadores como un "conseguidor" de contratos públicos. Según uno de los testimonios, "el Gürtel" aireaba "dos carnets de afiliación, uno del PSOE en Madrid y otro del PP en Valencia", jactándose públicamente de tener "muchos contactos" en Valencia y de haber conseguido "personalmente" para ESABE Limpiezas la adjudicación del Hospital de la Fe y el de la Nueva Fe.
Los investigadores constatan que la empresa realizaba contratos de 'factoring' con distintos bancos cuando se encontraban en situación de morosidad y sabía que próximamente se produciría un embargo.
En un documento incluido en el sumario del 'caso ESABE', queda reflejado un documento de la Tesorería General de la Seguridad Social fechado pocos días antes del estallido de la operación policial, en el que advierte al juzgado de un intento de estafa a varios bancos por parte de diversas entidades del grupo empresarial. En este caso, la maniobra habría consistido en poner en manos de varios bancos una serie de activos sobre los que pesaba la amenaza del embargo, sin que los bancos lo supieran y obteniendo ESABE un porcentaje de beneficios.
El procedimiento bancario por ESABE en este caso es el denominado 'factoring': una empresa pone en manos de un banco un activo, y es el banco el que se encarga de gestionarlo. El banco saca un beneficio, y la empresa recibe de forma anticipada la facturación. En este caso, los activos que ESABE dejó en manos de 3 bancos estaban a punto de ser embargados, y las cuentas a las que se llevó esta facturación anticipada eran cuentas bancarias que escapaban al control de la administración.
Según la Seguridad Social, en un escrito aportado al procedimiento por la policía pocos días antes del estallido de la operación, Cajamar, Banco de Valencia y Banesto se encontraron con facturaciones que no podían quedarse, tal y como establecía el contrato, porque estaban embargadas por la propia Seguridad Social fruto de las deudas de ESABE. La empresa habría firmado estos contratos con los bancos cuando estaba en situación de morosidad o ante un inminente procedimiento de embargo: "La empresa era plenamente consciente de que no podía hacer frente a las cuotas de aplazamiento. Según la policía, esto podría haber supuesto un delito de estafa y otro de insolvencia punible.
La casa de los diez embargos
A lo largo de todo el sumario, la dirección de un inmueble en la calle Raza de Madrid se repite prácticamente en todos los tomos. Se trata de la casa que, según la policía, los directivos del grupo ESABE aportaban como aval frente a cualquier tipo de expediente administrativo en cualquier provincia española. De esta manera, este inmueble del madrileño barrio de Canillejas llegó a acumular hasta 10 anotaciones preventivas de embargo por parte de 8 tesorerías de la Seguridad Social, ayuntamientos y juzgados diferentes, en reclamación de las distintas deudas de la empresa: delegaciones de la seguridad social en Madrid, Málaga, Torrent (Valencia), Huelva, Sevilla, el ayuntamiento de Mijas, un juzgado de Castellón y la administración tributaria de Andalucía. Y un giro final: se celebra subasta del inmueble en 13 de noviembre de 2007, y el comprador es la empresa "Gestión y Promoción Integral Aljarafe", cuyos administradores solidarios no son otros que Juan José Prados del Pino y su mujer. En toda la operación, cuyos detalles obran en el sumario, pagan 218.438 euros por su propio inmueble, un precio muy inferior a las deudas que habían generado el embargo, superiores al millón de euros. Según la policía "se comprueba cómo los directivos, según ellos, no tienen dinero para hacer frente a las cuotas de la seguridad social pero sí tienen dinero para comprar el inmueble en subasta pública".
Se trata del mismo piso que los socios de Prados del Pino en ESABE abandonaron urgentemente cuando "tiene conocimiento de las investigaciones que se vienen realizando" en 2012 y sabe que la policía está tras la pista del inmueble.
Vender un Ferrari Spider para pagar a varios trabajadores
La debilidad de Juan José Prados del Pino, presidente fugado de ESABE, por los coches de lujo y los yates es algo que trascendió hace tiempo a los medios de comunicación. El sumario al que ha tenido acceso la Cadena SER detalla que el destino de uno de esos coches, un Ferrari 355 Spider fue pagar las deudas que tenía con varios trabajadores. El vehículo se vendió por 33.000 euros, saldando una deuda que tenía con un taller que solía realizar reparaciones a la flota de vehículos de ESABE. Con el dinero que sobró del pago de la deuda, siempre según la documentación que obra en el sumario, Prados del Pino se puso al día con algunos de sus trabajadores.
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