En estos momentos ya son diez las empresas del sector de la seguridad privada que han comunicado sus intenciones de descolgarse del convenio colectivo estatal que regula las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores. Sin un convenio colectivo, trabajadores y sindicatos temen que se genere un panorama liderado por la competencia desleal, siendo los salarios y las jornadas de los vigilantes la única baza de estas empresas para ofrecer sus servicios a un precio menor.
Por ahora, la única forma de pararlo sería que los sindicatos aceptasen una congelación salarial en 2014, vincular los salarios de 2015, 2016 y 2017 a la evolución económica, y renegociar otros artículos del convenio. Opción que de momento ha sido rechazada por los tres mayoritarios del sector (FES-UGT, CC.OO. y FTSP-USO), quienes recuerdan que en 2013 los vigilantes de seguridad ya vieron reducidos sus ingresos en 288 euros anuales.
La patronal y los sindicatos se dieron de plazo para negociar hasta el 15 de febrero, retrasando hasta ese día la entrada en vigor de la subida salarial prevista en el convenio estatal para enero de 2014 y que las empresas se niegan a asumir. Llegado ese día sin un nuevo acuerdo, se harán efectivos los descuelgues. De momento, las diez empresas que han anunciado que tomarán esta medida son Securitas, Prosegur, Eulen, Alcor Seguridad, STAS Vigilancia, Seguribérica, Stanley Security, Casesa, Trablisa y Vinsa.
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