El Ministerio del Interior prevé exportar el modelo de Castellón de vigilancia privada en el perímetro de los centros penitenciarios al resto de cárceles españolas. El modelo comenzó a funcionar el pasado 7 de mayo en las dos cárceles de la provincia como plan piloto. Ahora, el Gobierno central ha decidido que se extienda a la totalidad de los centros penitenciarios, algo que está contemplado en la nueva ley de seguridad privada que prepara el Gobierno. En España hay un total de 68 centros penitenciarios.
El modelo comenzó a operar en 21 prisiones españolas, incluidas Castellón y Albocàsser. Inicialmente estaba previsto que funcionara durante nueve meses. Ahora ha decidido prorrogarlo cinco meses más. Además, tiene previsto que el mismo se amplíe al resto de cárceles españolas en los mismos términos que ya se venía aplicando en Castellón y Albocàsser, según fuentes del Ministerio del Interior.
En la provincia de Castellón dos empresas privadas se encargan de esta vigilancia perimetral, Ombdus, en Albocàsser, y Segur Ibérica, en Castellón con un total de 27 guardias jurados, que efectuaron un curso de formación.
Desde el Ministerio explican que los funcionarios de prisiones y la Guardia Civil siguen prestando las mismas funciones que venían realizando hasta ahora; por tanto, no se han desviado agentes de la Guardia Civil fuera de las cárceles para vigilar las calles. “Las empresas privadas prestan labores auxiliares de vigilancia”, según las mismas fuentes.
Estos guardas jurados no asumen las conducciones de presos, a cargo de la guardia civil, ni tienen contacto con los internos, misión que compete a los funcionarios de prisiones. Los guardias civiles tutelan a los guardas de seguridad en las cárceles controlando los accesos a las prisiones y el circuito de videovigilancia.
Uno de cada cinco de estos guardas que comenzaron a trabajar en Castellón era anteriormente escolta en el País Vasco.
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