Número especial de Gaceta Sindical con la resolución aprobada por el Consejo Confederal de CCOO, en la reunión celebrada el 29 de abril, en la que se analiza la situación política, económica y social española y se establecen las principales prioridades del trabajo sindical en el próximo período.
Se condena a Segur Ibérica en Sevilla, por vulneración del derecho a la Libertad Sindical.
El Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla condena a Segur Ibérica por vulneración del derecho a la libertad sindical por imponer la presencia de representantes de la empresa en las reuniones de trabajadores.
Fallece un ladrón que le dio un infarto, tras forcejear con el vigilante de seguridad,en un supermercado de Madrid.
Un hombre de 46 años ha fallecido esta tarde en el hospital tras darle un infarto mientras robaba alimentos en un supermercado en Alcorcón, ha informado a Europa Press fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112 y de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las 16.30 horas en un supermercado Lidl del parque Oeste de Alcorcón, en el número 9 de la avenida de Europa. El hombre estaba robando alimentos cuando fue sorprendido por los trabajadores, que le han reprochado su actitud y han llamado a la Policía, han indicado testigos de lo ocurrido.
El varón, de gran corpulencia, se ha puesto muy violento y ha intentado agredir a los empleados. De hecho, ha forcejeado con algunos de ellos y con el vigilante de seguridad, momento en el que ha caído al suelo afectado por una parada cardiaca.
Hasta el lugar han llegado sanitarios del Summa-112, que le han reanimado durante media hora, consiguiendo sacarle de los tres paros cardiacos por los que ha pasado. No le han apreciado traumatismos. Ha sido trasladado al Hospital Fundación de Alcorcón, donde ha ingresado en estado crítico. En torno a las 19 horas ha fallecido.
Movilizaciones contra AENA y EULEN SEGURIDAD en el Aeropuerto de A Coruña.
El Comité de Empresa de Eulen Seguridad S.A. (A Coruña) inicia el 5 de mayo un calendario de movilizaciones en el Aeropuerto de Alvedro (A Coruña) ante el acoso laboral y la represión sindical que ejerce AENA y EULEN SEGURIDAD.
Los sindicatos UGT, USO, CIG y USTG comenzarán este lunes día 5 de mayo a las 13:00 con la primera de las concentraciones previstas por la negativa de ambas empresas al diálogo y la pasividad demostrada ante los hechos denunciados por la representación legal de los trabajadores.
La plantilla de seguridad trabaja bajo el mando despótico de su coordinador de servicios que utiliza el menosprecio y la amenaza como herramienta de trabajo.
AENA a través del Director y del Jefe de Seguridad del Aeropuerto, han permitido que este mando intermedio haga y deshaga a su antojo sin ningún control con el consentimiento de la empresa prestadora del servicio.
Los sindicatos, en León, temen el "descuelgue" masivo del convenio de seguridad.
Representantes de varios sindicatos han realizado este martes una protesta ante la sede del Catastro de León, cuyo vigilante de seguridad, de la empresa Alcor, ha denunciado su situación laboral, después de que la compañía le aplicara unas condiciones laborales por debajo del convenio estatal.
En concreto, según el responsable de Seguridad Privada del sindicato UGT, Gregorio Fernández, ha explicado que se le ha aplicado una rebaja de 250 euros sobre una nómina de mil, que implica que los empleados de esta empresa, que se encuentran afectados por esta situación a nivel de todo el país, deban realizar horas extras para alcanzar un sueldo que le permitan mantenerse.
“No puedes descansar cuatro días y, después, trabajar doce horas. Así, ni conciliación familiar ni nada”, ha lamentado Fernández, que ha puesto en esta situación un temor generalizado: que las empresas del sector de la seguridad privada comiencen a descolgarse del convenio estatal.
Además, ha puesto la voz de alarma sobre la incursión de empresas que ha calificado de piratas en los servicios que se prestan a las administraciones, y que ofrecen condiciones inferiores a ese convenio marco. Esta situación podría afectar a buena parte de los 700 trabajadores de seguridad privada de la provincia de León, contratados por 21 empresas del sector.
Madrid Semanal Digital nº 340, 29 de Abril de 2014 y Informativo Digital Acción Sindical número 27, mayo 2014.
Madrid Semanal Digital:
En este número 340, las noticias más destacadas son “La crisis y la Reforma Laboral perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras”; “TmEx, las emisoras regionales de la SER y Ángel Calleja, premios Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral 2014” y el editorial: “Nuestro sindicato defiende tu salud”.
Informativo Digital Acción Sindical:
En este número 340, las noticias más destacadas son “La crisis y la Reforma Laboral perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras”; “TmEx, las emisoras regionales de la SER y Ángel Calleja, premios Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral 2014” y el editorial: “Nuestro sindicato defiende tu salud”.
Informativo Digital Acción Sindical:
El número 27 incluye:
Artículos:
- Necesidad de un Acuerdo por el Empleo
- Acuerdos de inaplicación salarial
- El sistema público de pensiones en riesgo
- Propuestas sindicales para el PNR 2014
- Fondos Estructurales 2014-2020
- La i-Responsabilidad Social de Coca Cola
- La precarización del mercado de trabajo
- Un Pacto Social sobre inmigración
- Airbus y la solidaridad sindical internacional
- Formación sindical de la CES en Madrid
- FOGASA, soluciones ya
- Asesorías jurídicas de CCOO
- Sentencia sobre ultraactividad
- Resolución de la OIT sobre la reforma laboral
- Convenio estatal de oficinas de farmacia
- El ataque a las RTV autonómicas
- Castilla y León: Firma del III Acuerdo Marco
- Avance estadístico de la negociación colectiva
Los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) amenazan con ponerse en huelga.
Los trabajadores vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Los Rodeos le presentarán en las próximas fechas un preaviso de huelga a la empresa Seguridad Ibérica, titular del servicio, debido al continuo agravamiento de sus condiciones laborales.
Denuncian el incumplimiento sistemático del Convenio Colectivo y del Estatuto de los Trabajadores, con un trato arbitrario hacia un sector de los vigilantes, a los que se castiga con la asignación continua en los puestos de mayor desgaste laboral (filtros de seguridad). La empresa al impedir la rotación por los diferentes puestos, está provocando un ambiente de carga laboral dominado por el estrés y la tensión, lo que, a su vez, origina continuas bajas laborales por ansiedad.
En el caso de las mujeres trabajadoras el problema se agrava aún más, al ser su número inferior al de hombres; realidad heredada que podría mejorarse llevando a cabo un control exhaustivo de las rotaciones, pero la desidia y dejadez de la empresa impide poner las soluciones ofertadas en marcha, originando una situación crítica en el servicio
Lejos de aplicar medidas que favorezcan el buen clima laboral y, por lo tanto, la eficacia en el trabajo, la empresa hace justamente lo contrario: somete a los trabajadores y trabajadoras a una sistemática y permanente vigilancia e inspección de su actividad, con niveles de persecución y control que raya en el acoso, originando, además, una situación de estrés laboral que termina repercutiendo a nuestra principal función que es velar por la seguridad de los pasajeros.
El Comité de Empresa exige que se rectifique en esa actitud de menosprecio a los derechos laborales y se proceda a la destitución inmediata del jefe de servicio, al ser quien permite y tolera esta lamentable situación, siendo, además, el máximo causante de la misma.
Comunicado CCOO-CiG Sector Seguridad Privada Galicia.
A TODOS los trabajadores y la seguridad privada
El sector de la seguridad privada en Galicia, ha sido durante años exigiendo que mejoren sus condiciones de trabajo , y una vez más vio frustrado este objetivo con la firma de otro acuerdo de renegociación del Estado de condena la otra congelación salarial del sector . Hemos visto durante varios años apoyando la congelación y las reducciones salariales para el único propósito de seguir manteniendo las ganancias corporativas. Las continuas reducciones en la carga de trabajo , los precios de los contratos de las autoridades públicas , la adjudicación de las ofertas por debajo del precio de licitación , la adjudicación de contratos a empresas piratas que no respetan o salarios o condiciones salariales , los sustitutos no realizadas o si no se respeta las condiciones de salario o trabajadores sociales , conduce a la Seguridad vigilante en Galicia alcanzado el límite y que requieren cambios de forma inmediata , ya que no se puede esperar nada bueno de un futuro de comercio del estado de acuerdo , a través de este agotado y sin futuro.
Desde la firma de este acuerdo el Estado 28 de febrero , lo que significó la pérdida de 800 € que fue lo que se acordó en el acuerdo de este año, de Galicia, la CIG y los sindicatos CCOO , decidió decir BASTA YA ! , Defendemos y no regalar nuestros derechos , y desde aquí llamamos a los otros sindicatos a seguir estos pasos, que en este momento no están determinados todavía, pero todos estamos de acuerdo que estamos en contra de Galicia firmado en Madrid, después de que a continuación, debemos ofrecer alternativas , por lo que recuerda a la mente y es de esperar unirse a este reclamo legítimo , a la instalación de toda la defensa de los intereses de los trabajadores del sector en Galicia. En los últimos 6 años desde que perdimos a un 12,7% de poder adquisitivo en relación con el IPC , pero teniendo en cuenta la firma del acuerdo el año pasado , lo que añade más de 2.000 por año , nos vamos a entrar para pagar nuestras hipotecas , el luz, agua , teléfono, comer, etc ... menos derechos y peor día de regulaciones , licencias y condiciones.
CCOO y CIG comenzaron hoy la única forma posible de Galicia en el estado acuerdo puede mejorar y garantizar el poder adquisitivo. Actualmente , más que nunca esta justificada la apertura de un nuevo marco de negociación como el gallego , que recuperar perdido dentro del estado. La ruta es la única gallega posible luchar unos más favorables y defendibles frente a todas las agresiones empleadores , y someter la evidencia , no hay GALLEGO O ACUERDO PROVINCIAL PARA BAJAR DEL ESTADO , y por supuesto tenemos que ser vigilantes y luchar contra estos acuerdos empresa que socavan nuestros derechos laborales , pero igualmente de que ser un
acuerdo de ningún estado futuro , que carece de la garantía legal mínima para los trabajadores / as , tanto desde el punto de vista del trabajo y el salario. En este punto, la única alternativa es abrir un entorno de escritorio de comercio gallego por qué CCOO y CIG , solicitarán de las Relaciones Laborales gallegas abrir el gallego mesa de negociaciones para mejorar las condiciones del estado de acuerdo, porque no podemos negar trabajadores gallegos esta posibilidad.
Con la excusa de la larga crisis que estamos viviendo desde 2009 y no sabemos cuánto tiempo , las empresas han optado por mantener su margen de beneficio a costa de congelar y reducir los salarios de los trabajadores , y tomar ventaja de las herramientas que otorga este gobierno en forma de reformas laborales , para implementar descuelgues incremento salarial día , cortó la derecha , atentando contra el derecho al trabajo decente , la reducción de nuestra nómina de forma continua , por lo que para mantener sus beneficios. Esto conduce a principios de este mes una serie de manifestaciones y actúa para transferir la sociedad gallega , los clientes y el sector empresarial , los trabajadores no cesaron hasta llegar a su meta, que no es otra que luchar por ciertos derechos dignos .
En Galicia existen en el sector de unos 3.000 guardias de seguridad en activos y 4.500 votaciones , que garanticen que las instituciones públicas y privadas y las grandes empresas tienen una protección adecuada , y desarrollar un trabajo esencial y las fuerzas complementarias de la seguridad pública.
O luchar ahora, o dentro de los seis meses, vamos a tener el mismo escenario que teniendo en los últimos años , las empresas seguirán en las mismas condiciones económicas , lo que demuestra que las ganancias más bajas ( no pérdidas ), y será de nuevo muy mal. ¿Y cuál será la alternativa? , Mantenga regalando nuestros derechos , y bajarnos salarios para equilibrar sus cuentas de beneficios. La única desgracia es que también regulan las condiciones y los que no estamos de acuerdo . La CIG y CCOO propone no es otro que la lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores / el gallego, ya que la situación generada no es compartida por la mayoría de los empleados / la industria en Galicia , por lo que no hay otra , para luchar aquí lo que se pierde en Madrid , en busca de la apertura de las negociaciones de la zona de Galicia , para mejorar las condiciones en el estado firmaron un acuerdo. Pero no nos engañemos, aquí nadie regala nada , las mejoras no te dan conquista , el camino no será fácil , y vamos a permanecer firme en contra de todos los ataques que tratan de hacernos , y la hora de continuar la lucha , y no vamos a parar hasta recuperar el perdido .
Ley de seguridad privada: reforma al rescate de un lobby herido por la crisis.
- Las principales empresas de seguridad privada salen beneficiadas por la nueva normativa, en vigor desde este mes, que aumenta las competencias de los vigilantes y amplía el radio de negocio
- La oposición denuncia el inicio de la "privatización de la seguridad", como en el caso de la vigilancia de las cárceles, que doblará el coste del servicio, según los sindicatos policiales
- Algunas de las compañías beneficiadas por los nuevos contratos públicos tienen conexiones políticas con el PP
- El fin de ETA y de la alerta terrorista y la crisis económica ha contraído el mercado de la seguridad, que ha perdido un 22% de facturación desde 2008
“Un sector en pleno auge”. Esas son las palabras que ha empleado en más de una ocasión el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para referirse al estado de la seguridad privada en España. Con la baza de la modernización como justificante, la polémica Ley de Seguridad Privada ya ha pasado todos los trámites parlamentarios yse ha convertido recientemente en una realidad con su publicación en el BOE el día 5 de este mismo mes, un texto que sustituye a la antigua ley de 1992, y que amplía las competencias de los vigilantes. Como punto fundamental, les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros, además de para participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. Una dinamización del mercado a costa de la esfera pública aprobada por el Gobierno del PP en tiempo record y que ha sido muy criticada por todos los partidos políticos de la oposición -a excepción de PNV y CIU- y que ha generado el rechazo de todos los sindicatos policiales que creen que la nueva normativa es el marco adecuado para la progresiva privatización de la seguridad pública a costa del sacrificio de su calidad y el aumento del gasto de la administración.
Pero, ¿por qué tantas críticas? ¿por qué aplicar estas medidas favorecedoras en un sector que según el ministro goza de una extraordinaria salud? Pues porque sencillamente, la opinión del ministro Fernández Díaz no tiene mucho que ver con la realidad traducida en cifras. Según los datos de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal que aglutina aproximadamente el 80% del negocio de la seguridad privada en España, ese “auge” en el sector sirvió para que cerrar el año con una nueva caída de alrededor del 7% de la facturación, moviendo ‘solamente’ 2.994 millones de euros, por los 3.125 del año anterior.
Un retroceso que también ha quedado plasmado en un informe de N+1 Equities publicado a finales de 2013, donde la bajada acumulada de la facturación desde 2008 se cifraba en un 22%, sobre todo por la menor incidencia de la contratación pública, aunque ésta aún se mantiene en cifras alrededor de un cuarto de la facturación total. Con ETA en proceso de desarme, sin alerta de terrorismo islámico y con la crisis económica como cortapisa a la construcción de nuevas infraestructuras que poder vigilar o en donde poder colocar sistemas de seguridad, la oferta de una nueva suculenta parte de la tarta de la seguridad pública al invitado privado parecía solo cuestión de tiempo. Sobre todo después de que el lobby sectorial pusiera su maquinaria a funcionar y lograra poner el pie en la puerta, a juzgar por los resultados.
La coincidencia de informes y manifestaciones públicas de las confederaciones empresariales del sector, tanto a nivel español como europeo, y la creación de la que para muchos es una ley al servicio de las empresas (con las primeras experiencias piloto en cárceles antes de que la ley viera la luz) deja en evidencia la influencia que gigantes como Prosegur, Securitas o Eulen han tenido en la polémica normativa. Sin embargo, no son las únicas que forman parte del potente lobby.
¿Ahorro? Vigilantes que cuestan el doble
Para los años 2013 y 2014, el Gobierno ha puesto en marcha un programa piloto, en dos fases, que adelantaba una de las nuevas ventajas que lleva aparejada la nueva ley: las labores de vigilancia en las prisiones. La justificación gubernamental alude a la liberación de muchos policías y guardias civiles para permitir que abandonen las labores de vigilancia y salgan a las calles, donde son más necesarios ya que ambos cuerpos han perdido un 3% de sus efectivos en los últimos dos años. Sin embargo, según un informe de la Unión Federal de Policías (UFP), respaldado también por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), estos movimientos de Gobierno “persiguen que las empresas de seguridad privada tengan más volumen de negocio, en retroceso desde el año 2009”. Justifican su posición con unos cálculos que concluyen que la prestación de estos servicios de apoyo a la seguridad en 21 centros penitenciarios españoles –vigilancia desde garitas, control de accesos y de circuitos cerrados de televisión- cuesta el doble del gasto actual con el servicio realizado por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El más reciente de estos proyectos piloto, que ha entrado en vigor este año y que tiene una duración de 9 meses, incluye la creación de 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de 12 horas, que son cubiertos por un total de 254 trabajadores. A respuesta de una pregunta realizada por el senador Ibán García fechada en julio de 2013, el Gobierno reconocía que este proyecto había sido adjudicado por 7,39 millones de euros a una UTE de empresas formado por Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinsa Alentis.
Según los cálculos de la UFP en base a esta cifra total, el presupuesto mensual constaría de algo más de 820.000 euros a repartir entre los citados 254 trabajadores. Una sencilla división basta para calcular que el coste mensual de cada trabajador es de 3.233 euros al mes, una cantidad muy alejada de los 1.600 que cobra un agente de la Policía Nacional. Además, el convenio del sector, firmado en abril de 2013, revela que el salario de un vigilante de seguridad con todos los pluses es de 1.088 euros. Según Acaip, uno de los vigilantes de estas ocho empresas que trabaja en una prisión cobra unos 1.350 euros al mes por una jornada de 12 horas. El margen de beneficio para las empresas queda entonces en unos 2.000 euros por trabajador. Por lo tanto, según el sindicato policial, “este proyecto no supone ahorro de costo alguno para la Administración, sino más bien suculentos beneficios a las empresas afectadas”. Desde Aproser se limitan a señalar que los sueldos son “superiores” a las cantidades manejadas en el estudio de la UFP.
Turbias conexiones
Desde la organización Acaip también hacen hincapié en lo que para ellos son las verdaderas intenciones del Gobierno: “Realmente pretenden mantener los beneficios de las empresas de seguridad, un grupo de presión muy poderoso e íntimamente ligado con el PP”. Pero, ¿realmente hay conexiones que justifiquen la denuncia de los trabajadores de las cárceles? Atrás quedan las empresas de escoltas que crecieron al calor del terrorismo etarra y las conexiones con el ex ministro y eurodiputado Jaime Mayor Oreja y su familia. Sin embargo, nuevas relaciones se ponen de manifiesto.
En la primera de las fases del proyecto piloto de la vigilancia de las cárceles, que se desarrolló en 2013, adjudicado sin concurso y en el que principalmente se sustituyó a Guardias Civiles, hay cuatro empresas que repiten en relación a su presencia en la citada segunda fase: Ombuds, Prosegur, Vinsa y Prosetecnisa. La primera de ellas,Ombuds, también recibió una adjudicación del Ministerio de Defensa para prestar el servicio de vigilancia y seguridad con armas en hospitales y centros sanitarios militares durante el año 2013 adjudicándole ocho de los diez lotes, por un importe total que ronda los tres millones de euros.
Tal y como recogía la web El Boe Nuestro de Cada Día en la jornada en la que se realizaba la adjudicación, el consejero delegado de Ombuds es Rodrigo Cortina López, hijo de Antonio Cortina Prieto, que consta como apoderado de la firma y que estuvo muy vinculado a Fraga durante los primeros pasos de Alianza Popular (AP). Además, entre los consejeros de Ombuds también se encuentra Antonio Eraso Campuzano, de familia noble y amigo del rey Juan Carlos. El hermano de Antonio Eraso, Eduardo, es uno de los 71 imputados por el caso Gürtel. Según la policía, Eduardo Eraso colaboró con Correa para desviar las ganancias de la trama a Suiza.Eulen, la otra empresa adjudicataria, cuenta en su plantilla con Micaela Nuñez Feijoo, hermana del presidente gallego.
Por otro lado, en la UTE de empresas que se llevó la primera fase de la vigilancia de las cárceles aparece la empresa Seguriber, cuya presidenta es Mónica de Oriol e Icaza, de plena actualidad tras pedir reducir el salario mínimo para los jóvenes sin formación que, en su opinión, “no sirven para nada”. Seguriber es una de las empresas de seguridad que mayor lucro ha obtenido de la protección a políticos amenazados por la banda terrorista ETA. En este sentido, y a pesar de que ETA está en proceso de disolución, Interior mantuvo los pagos a Seguriber a lo largo de 2012 y le renovó el contrato semestral a lo largo de 2013 por un importe de 4,73 millones de euros. Además, Seguriber está 'tocada' por el caso de la tragedia del Madrid Arena, ya que la empresa era la encargada de la seguridad del evento musical en el que eprdieron la vida cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012.
La reconversión de las empresas que copaban el mercado de la protección privada de personalidades amenazadas por ETA, dotadas durante muchos años con dinero público, destacan entre las sociedades adjudicatarias de los planes piloto de la nueva Ley de Seguridad: cinco de ellas son las que más personal tenían empleado a la protección de políticos en País Vasco y Navarra.
La élite de la seguridad
Algunas de las compañías mencionadas pertenecen a la patronal del sector, la citada Aproser, que engloba a las 12 principales empresas de seguridad que operan en España y que representan el verdadero lobby del ámbito. La organización se constituyó en 1977 y según sus estatutos, lo hizo “con el objeto de ejercer la representación del mismo e impulsar cuantas iniciativas y acciones se consideren necesarias en defensa de sus asociados”, para lo que mantienen “constantes relaciones con las diversas administraciones públicas competentes”. Una vez aprobada la nueva Ley de Seguridad, Aproser se apresuró a celebrar la reforma legislativa en un comunicado oficial.
Las empresas que forman parte de Aproser son: Alse, la citada Eulen, el grupoSecuritas (con sus divisiones Loomis Spain y Securitas Transport Aviation por separado), el grupo Omega, Prosegur, Sabico, Segur Ibérica, Segurisa, Trablisa y Vinsa.
El presidente de Aproser desde abril de 2013 es Ángel Córdoba Díaz, un ejecutivo bancario que fue Director de Negocio de Desarrollo Empresarial de Caja Madrid –luego Bankia- entre 2004 y 2011, coincidiendo con la época de Miguel Blesa al frente de la entidad. También es presidente de la Fundación Directivos, una entidad sin ánimo de lucro de orientación empresarial.
España: ¿solucionar una normativa “muy estricta”?
Hace aproximadamente dos años, a principios de 2012, la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS) publicaba un informe anual acerca de la situación del sector de la seguridad privada en el continente. El documento se cerraba con la publicación del siguiente mapa:
“Muy estricta”. Así valoraba el gran lobby europeo de la seguridad privada la legislación española en dicho ámbito, junto a las existentes en Portugal, Suecia, Hungría, Serbia y Bélgica. En cambio, países como Francia, Reino Unido, Alemania o Irlanda, la conclusión era la de unas leyes con mucho menos control que la española. ¿Un problema para España? A juzgar por la posterior reforma de la ley, parece que sí lo era.
CoESS aglutina a las principales patronales de seguridad privada de países del viejo continente, y según su página web, “construye y mantiene fuertes alianzas con las correspondientes Direcciones Generales de la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea”. CoESS asegura que “defiende los intereses comunes de las empresas que prestan servicios de seguridad privada, en particular mediante actuaciones que persiguen la armonización de la legislación nacional que afecta las actividades de sus miembros”.
Mas problemas para Esabe
Se cita a la empresa Esabe, como parte demandada, mediante publicación en el Bocm, por tener paradero desconocido.
Actividades culturales del mes de Mayo de la Fundación Ateneo 1 de Mayo de CC.OO.
Querid@s amig@s, se acerca el mes de mayo y con él nuestra XII Muestra de Cine y trabajo. Este año, además, ampliamos la oferta cultural durante todo el mes, en lo que hemos denominado MAYO DE LA CULTURA Y EL TRABAJO. Os adjunto los dos carteles para que tengáis toda información, aunque como siempre, todo, todo, todo en nuestra web: http:www.ateneocultural1mayo.org
El día 5 de mayo es un día importantísimo para nosotros, ESTRENAMOS NUESTRO CORTOMETRAJE ·Garcia no lo sabe", de ALberto Leal, con David V. Muro, Carlos Berzosa, Pepín Tré y la colaboración de PILAR BARDEM. Aquí os dejo el enlace para el trailer: http://youtu.be/xkCRi2QCjLc
Seguirá la película TEMPORAL, de José Luis López González (Catxo). Aquí teneís el enlace para el trailer: http://www.youtube.com/watch?v=xcC69KMzkPc
Os esperamos, seguros de que la programación que os ofrecemos será de vuestro interés.
CiU y PP, aliados en el negocio de la seguridad.
Carlos Jiménez Villarejo Sábado, 26 de abril de 2014 - 15:15
El 6 de junio próximo entrará en vigor la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, aprobada por el PP con el entusiasta apoyo del Grupo Parlamentario de CiU. Es la primera del paquete de leyes represivas que está poniendo en marcha el actual Gobierno. En este caso, CiU muestra una vez más cómo es capaz de conciliar su independentismo conservador y su alianza con el derechismo mas rancio del partido gobernante en España. La ley fue publicada en el BOE el 5 de abril y tres días mas tarde, el 8, escenificaba en el Congreso de los Diputados su enfrentamiento con el Gobierno por la convocatoria de la consulta convocada para el 9 de noviembre. Consulta que, por otra parte, presenta un cariz abiertamente antidemocrático.
Es un proyecto que lo que hace es emprender la vía hacia la privatización de la seguridad pública, es decir, que tendrá más seguridad "quien pueda pagársela", consecuencia incompatible con el principio constitucional de que corresponde exclusivamente a los cuerpos de policía del Estado y de las CCAA la competencia para velar por la seguridad pública que consiste fundamentalmente en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Gracias al PP y a CiU, los consejos de administración de las "empresas de seguridad" -lo que se define como "acción empresarial"- participarán ya en la definición de las políticas públicas en una materia tan sensible para los ciudadanos y la propia democracia.Pero toda la estrategia de CiU es compatible con estrechar lazos con el PP para reforzar su común política represiva. El preámbulo de la ley ya lo expresa claramente. Se pretende "hacer frente a los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad" mediante "alianzas público-privadas". Para ello, se da un paso muy peligroso para la concepción democrática de la seguridad pública, admitir que "la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas [...] a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos" y, por tanto, "parte integrante de la seguridad pública", por más que luego se refiera a su "complementariedad" respecto a los servicios públicos de seguridad. Punto de partida falso, ya que España tiene una de las tasas mas bajas de criminalidad de Europa y no hay una demanda social que justifique la ampliación de las competencias de los servicios de seguridad privada.
Es completamente rechazable que se equipare el personal de seguridad privada a los agentes policiales cuando en el artículo 31 se determina que "se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad" las que se cometan contra dicho personal, cuando es obvio que no pueden merecer el mismo nivel ni de tratamiento ni de protección. La sentencia del Tribunal Supremo de 25/10/91 ya les denegó a dicho personal la condición de agentes de la autoridad.
Por otra parte, la extensión a dicho personal de la condición de agente de la autoridad crea grandes problemas de contradicción con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la "Policía Judicial" (artículo 282) o al regular la detención (artículo 489 y siguientes). Pero el núcleo más grave de dicha reforma se encuentra en la facultad que se le reconoce en el artículo 32 de la ley, en el que se dispone que dicho personal puede "detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades". Sin duda, se trata de un precepto radicalmente incompatible con los artículos 17 y 25.2 de la Constitución en cuanto extiende a particulares -en definitiva, el personal de seguridad privada son empleados de empresas privadas- una facultad que es privativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que extiende hasta límites incompatibles con el régimen constitucional vigente una facultad tan relevante como es privar de libertad a los ciudadanos.
Es igualmente inaceptable la previsión del artículo 41.2 que les otorga la facultad, pese a que requieran la aprobación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para ejercer funciones de vigilancia "en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común", facultad que va a permitirles, sin duda alguna, participar en el control de las reuniones y manifestaciones públicas aunque lo hagan complementando y bajo el difuso control de la acción estrictamente policial.Asimismo, es rechazable que, cuando la regla general en la prestación de los servicios por dicho personal es que entre "los medios de defensa reglamentarios, no incluirán armas de fuego", luego se les autorice para ciertos servicios como los de "vigilancia y protección perimetral" de diversos centros de reclusión. Entre ellos se incluyen, injustificadamente, los de "internamiento de extranjeros", los CIES, que, con independencia de otras consideraciones críticas, se les confiere, objetivamente, la catalogación de un centro peligroso cuando solo están ingresados en los mismos personas inmigrantes pendientes de su regularización administrativa y ajenas a cualquier infracción penal.
Ley que constituye un grave retroceso democrático impulsado por el PP y, objetivamente, respaldado por sus aliados soberanistas.
Articulo de Carlos Jimenez Villarejo Ex fiscal anticorrupción de Barcelona, miembro de Federalistes d'Esquerres y candidato de Podemos a las elecciones europeas.
La empresaria que insulta a los trabajadores “que no valen para nada” es dueña de la firma Seguriber, empresa que vigilaba el Madrid Arena. Mónica de Oriol se forró con la protección a altos cargos del PP vasco.
- Mónica de Oriol es presidenta y principal accionista de Seguriber, encargada de vigilar el Madrid Arena la noche que fallecieron cinco jóvenes que asistían a una fiesta de Halloween en noviembre de 2012.
- Los trabajadores de la empresa se movilizaron recientemente para protestar por la "degradación" de sus condiciones laborales.
- Se queja de que la ley obligue a pagar un salario mínimo a trabajadores no cualificados, "aunque no valgan para nada"
La empresaria Mónica de Oriol, que se ha quejado de que la ley obligue a pagar un salario mínimo a trabajadores "aunque no valgan para nada", es la presidenta y principal accionista de la empresa Seguriber, encargada de la vigilancia del Madrid Arena la noche que fallecieron cinco jóvenes que asistían a una fiesta de Halloween.
Aquel 1 de noviembre de 2012, el responsable de la sala de videovigilancia no estaba en su puesto cuando se produjo la avalancha y tampoco llamó al 112. Hace unas semanas, el juez Eduardo López Palop imputó a ese vigilante de seguridad de la empresa de Mónica de Oriol.
En su página web, la empresa de Oriol presume de los siguientes valores en relación con sus empleados: "Nos preocupa la motivación, seguridad y formación de las personas que trabajan con nosotros". Pero la realidad, más allá de la página web, es diferente. A principios de año, los trabajadores se movilizaron para protestar por la constante "degradación" de sus condiciones laborales. Algo que no puede sorprender a la vista de las ideas de la dueña de Seguriber.
Mónica de Oriol, que es presidenta del Círculo de Empresarios, propuso este jueves pagar sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para los trabajadores menos cualificados y reducir la brecha del coste del despido entre los trabajos temporales y los indefinidos. De Oriol ha pedido así al Gobierno una "segunda vuelta" de la reforma laboral que habría de ir acompañada, en su opinión, de una mayor reducción de empleos en la Administración Pública y de una rebaja de cotizaciones para las empresas en el marco de la reforma fiscal.
De Oriol señaló que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, alrededor de un millón de personas, muchos de ellos jóvenes, han quedado sin trabajo ni cualificación, pero no considera acertado que la normativa obligue a pagar a estos trabajadores, "aunque no valgan para nada", un salario mínimo "que no producen". Ahora bien, añadió, "todos compramos cuando lo que se nos ofrece es a precio razonable".
La presidenta del Círculo de Empresarios declaró también que la actual prestación por desempleo no incentiva la búsqueda activa de empleo yfavorece situaciones de "parasitismo" entre los desempleados.
Comisiones Obreras reaccionó de forma inmediata a los insultos de Mónica de Oriol y emitió un comunicado en el que califica las palabras de la empresaria como “groseras ocurrencias, incompatibles con las más elementales exigencias de un sistema democrático”.
Mónica de Oriol se forró con la protección a altos cargos del PP vasco y está ‘tocada’ por el Madrid-Arena.
La empresaria y presidenta del Círculo de Empresarios Mónica de Oriol Icaza, que ha insultado grave y gratuitamente a un millón de jóvenes españoles “porque no tienen formación y no sirven para nada”, pasa por ser una de las mayores beneficiadas de las contratas públicas de seguridad privada. Su empresa era además la responsable de la seguridad del pabellón del Madrid-Arena, en el que murieron cinco jóvenes aplastadas y asfixiadas la noche del 1 de noviembre de 2012, debido al exceso de aforo y a un insólito fallo como fue el cierre de las vías de evacuación.
La señora De Oriol, de 52 años, llegó a la presidencia del principal lobby empresarial hace dos años, en sustitución de Claudio Boada. Perteneciente a la dinastía de los Oriol (su bisabuelo fundó la compañía ferroviaria Talgo), alcanzó la presidencia del Círculo de Empresarios desde su puesto de presidenta de Seguriber, una de las empresas de seguridad que, por circunstancias históricas y de otro tipo, mayor lucro ha obtenido de la protección a políticos amenazados por la banda terrorista ETA.
Conectada al presupuesto del Ministerio del Interior durante décadas para dar protección a cientos de altos cargos y dirigentes el PP vasco que no se fiaban de la Ertzaintza, la empresa de la señora De Oriol se alió con Umano, también de capital vasco, para ampliar el negocio de la seguridad privada y abrir nuevos frentes de actividad cuando ya la banda terrorista había renunciado a atentar contra políticos y a extorsionar a empresarios. Finalmente, en octubre de 2011, renunció definitivamente a los secuestros y asesinatos.
No obstante, para facilitar la transición empresarial, Interior mantuvo los pagos a Seguriber a lo largo de 2012. Y puesto que ETA se resistía a entregar las armas y disolverse –todavía no lo ha hecho formalmente–, el ministro Jorge Fernández Díaz le renovó el contrato semestral a lo largo de 2013 por un importe de 4,73 millones de euros. Además, el titular de Interior le abrió otra línea de negocio: un “plan piloto” para controlar la seguridad de la prisión de Zaragoza, por un importe de 879.338,46 euros y con la previsión de extenderlo a todas las cárceles de España, menos las catalanas, que dependen de la Generalitat.
La empresaria De Oriol Icaza, a la que se le termina el mandato de dos años como presidenta del Círculo de Empresarios, y desea ser renovada en el cargo, reclamando ahora la rebaja o supresión del salario mínimo –congelado desde que el PP llegó al Gobierno– para los jóvenes sin formación, se beneficia directamente de la enseñanza y preparación que las Fuerzas Armadas proporcionan a los jóvenes. Cientos de ellos pasan a las empresas de seguridad privada cuando terminan sus contratos como soldados profesionales. Para algunos cometidos de seguridad “externalizados” o subcontratados en sustitución de la Policía y la Guardia Civil, los empleados de esa y otras empresas reciben formación complementaria de los funcionarios públicos de interior. Con ello se significa los favores formativos por cuenta del erario públio a la empresaria Oriol.
Casada en segundas nupcias con el naviero Alejandro Aznar, también propietario de las Bodegas Marqués de Riscal, tal vez debamos atribuir el profundo conocimiento de esta mujer sobre el sector de la construcción, que la ha llevado a repetir la cantinela de que miles de jóvenes abandonaron los estudios para ganar dinero en el ladrillo y carecen de cualificación, al hecho de que su padre sea arquitecto, Miguel Oriol, y haya diseñado la torre Europa, en el complejo Azca de Madrid, frente a la torre Picasso. De lo que nadie puede dudar es de que doña Mónica –del griego mónos– es, como su nombre significa, “única” para ejercer el “monismo”, que no es otra cosa que “llamar la atención”, aunque sea insultando a los jóvenes en paro.
La polémica que han provocado sus declaraciones ha llevado a De Oriol a disculparse públicamente. Ayer viernes, en la web del Círculo de Empresarios, hizo pública una nota en la que, entre otras cosas, dice: “siento haber utilizado una expresión inadecuada con la que yo misma estoy en desacuerdo, porque todas las personas son valiosas con independencia de su cualificación profesional”.
Securitas Tas quiere modificar las condiciones de sus trabajadores.
La empresa Securitas Tas, adjudicataria del Lote 1 de los servicios de seguridad del Aeropuerto de Adolfo Suarez-Barajas de Madrid, ha comunicado al Comité de Empresa su intención de efectuar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los vigilantes que prestan servicio en sus instalaciones.
Seguridad Integral Canaria logra renovar dos de sus certificaciones de calidad.
Seguridad Integral Canaria ha revalidado dos certificaciones relevantes en los servicios de transportes, depósito y manipulación de seguridad, avalando la labor realizada por el Sistema de Gestión de Calidad. Ambas han sido aprobadas por el Lloyd's Register Quality Assurance. La primera, de carácter nacional, es la certificación ISO 9001-2008 y la segunda, de ámbito europeo, es la UNE EN ISO 9001:2008.
El Sistema de Gestión de Calidad, implantado en el año 2000, se ha convertido en pieza angular del éxito de Seguridad Integral Canaria. Se trata de una herramienta que permite, además, lograr una selección y formación adecuada del personal, disponer de los medios de transporte necesarios y satisfacer las necesidades de los clientes. Es aplicable, además, a servicios y actividades de seguridad privada en vigilancia y protección de personas y bienes.
Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, afirmó en un comunicado que ete sistema "afianza" la imagen de la empresa en el mercado, "otorga confianza" y evita cualquier queja que pueda producirse al detectar con anterioridad a la prestación del servició qué es lo que puede no ir bien.
El Defensor del Pueblo abre expediente por la reducción de vigilantes de seguridad en Albaidel (Centro de menores. Albacete).
El Defensor del Pueblo ha decidido investigar la posible reducción del personal de vigilancia que trabaja en el centro de menores Albaidel después de haber recibido una denuncia de parte de los representantes de los trabajadores, donde se advertía de lo que consideran una medida que pondrá en riesgo a los internos del centro y al personal. La reducción de personal es consecuencia del nuevo pliego de condiciones sobre el servicio de vigilancia para edificios de la Junta, donde se incluye que en Albaidel el número de vigilantes se reduzca de 20 a 15.
Javier González, secretario territorial de UGT Albacete, explicó a La Tribuna que recibieron el escrito del Defensor del Pueblo este martes, «donde se nos dice que en efecto abren el expediente de queja». El texto da respuesta a la denuncia dice que el Defensor admite la denuncia «al entender que reúne los requisitos establecidos». También se explica que la institución ha iniciado ya la investigación de estos hechos y se ha dirigido a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta, a la que ha pedido información sobre estos hechos para que le sea remitida, y que informará de los trámites que se vayan siguiendo. Eso sí, al recibir la denuncia, el Defensor ya advertía que en caso, abrir una queja «no suspende la ejecución de resoluciones administrativas» , como es el caso del proceso de adjudicación de este contrato de vigilancia que aún no se ha resuelto.
El dirigente de UGT que dirigió la denuncia mostraba su confianza en que la investigación abierta por el Defensor tenga su efecto, y recordaba que fue la misma institución la que visitó el centro de menores Albaidel en diciembre, tras el suicidio de un interno, y fueron los técnicos del Defensor los que recomendaron a la Junta aumentar el personal de vigilancia para que un caso así no se repitiera. Los vigilantes han realizado movilizaciones para protestar contra la reducción de personal, y también se han reunido con responsables de Asuntos Sociales, aunque por el momento el proceso de adjudicación y la reducción de vigilantes siguen adelante. Desde UGT y la representación de los vigilantes se subrayaba además que no es la primera vez que el personal protesta por la falta de personal, y es cierto que hay antecedentes a principios de la década anterior, en 2002, cuando había tres vigilantes. En la actualidad, con 25 menores internos en el centro, hay cinco vigilantes en el turno, aunque se reducirían a tres si el pliego de condiciones del contrato de vigilancia no sufre nuevas modificaciones.
La seguridad privada de la Catedral de Santiago se emplea a fondo para separar a dos grupos de limosneros que se enfrentan en la puerta.
Dos grupos de personas que pedían limosna a las puertas de la Catedral mantuvieron ayer por la tarde un violento enfrentamiento que no acabó en consecuencias graves debido a la intervención, en primera instancia, de los guardias de seguridad privada de la basílica, que tuvieron que emplearse a fondo para separar a los contendientes.
El altercado comenzó en la puerta de Acibechería, donde una mujer y su hijo iniciaron una discusión -disputándose la ubicación para mendigar-, con otra mujer, al parecer rumana. Esta llamó a varios compatriotas y finalmente se libró una pelea entre cuatro o cinco personas de este bando y las otros dos. Se golpearon con lo que tenían a mano, desde palos hasta las sillas en las que se sientan a las puertas de la Catedral.
La pelea, que tuvo lugar poco antes de las seis de la tarde, concluyó en la zona de Praterías, donde una dotación del Cuerpo Nacional de Policía identificó a los contendientes, aunque no practicó ninguna detención.
Condenado por arrollar con su coche a un vigilante de seguridad tras un robo en Cartagena (Murcia).
La Audiencia Provincial de Murcia rebajó de dos años de prisión a un año y medio la pena que deberá cumplir un hombre que arrolló con su coche al vigilante de un supermercado de Cartagena cuando éste trataba de evitar la consumación de un robo en el establecimiento.
La sentencia indica que el Juzgado de lo Penal de Cartagena declaró probado que el incidente se produjo el 31 de mayo de 2011, cuando el acusado se encontraba en el aparcamiento del centro comercial esperando a su pareja.
Esta abandonó el local a la carrera, perseguida por el vigilante de seguridad, que sospechaba que acababa de cometer un hurto, encontrándose con que el acusado puso en marcha el vehículo, «acelerando de forma brusca y arrastrándolo varios metros, hasta que, finalmente, cayó al suelo y le pasó por encima con su rueda trasera derecha».
El Juzgado lo condenó a dos años de cárcel al considerarlo autor de un delito de lesiones agravadas, así como al pago de una indemnización de 17.200 euros al lesionado.
Asimismo, la Audiencia acordó rebajar la pena de cárcel a un año y medio al considerar que el coche no fue utilizado como instrumento para la comisión del delito, sino que el acusado lo empleó «para marcharse del lugar, para huir». La sentencia es firme, ya que, como se indica en la misma, contra ella no cabe recurso alguno.
Trasladan a un vigilante de seguridad del Centro de Salud Pública de Alicante por negarse a dejar el periódico en la mesa del director.
Unl sindicato quiere denunciar a través de su Sector de Seguridad Privada el injusto y discriminatorio trato que está recibiendo un vigilante de seguridad de la empresa Secopsa Seguridad destinado en el Centro de Salud Pública de Alicante que ha sido trasladado por negarse a subir el periódico a la mesa del director del centro, Manuel Salado.
El propio vigilante se encargaba diariamente de desplazarse hasta el kiosco de prensa a recoger el periódico, a pesar de no entrar esta actividad entre sus funciones, y de dejarlo en la conserjería del Centro, algo insuficiente dado que el director exigía que el propio vigilante llevase la prensa hasta su mesa.
La negativa del vigilante a ello ha dado lugar a la petición a la empresa que presta el servicio del traslado del mismo, produciéndose esta circunstancia en contra de su voluntad sin haber sido sancionado por algún tipo de conducta grave o impropia de la profesión de vigilante de seguridad. Esta circunstancia ha dado lugar a la baja por depresión del trabajador citado.
Desde el sindicato se quiere recordar que las funciones de los vigilantes son las de proteger a las personas y los bienes a su servicio y no la de repartir la prensa diaria. Ni tampoco las de bajar las persianas de todo el edificio de tres plantas del Centro de Salud Pública como se le obligaba.
Por último se quiere poner en conocimiento de la opinión pública que las personas que ocupan un cargo público y de autoridad no pueden abusar de ella o ejercerla de forma arbitraria para someter a los demás de forma indigna, humillante e ilegal, por lo que desde la asesoría jurídica del sindicato se están estudiando las posibles acciones legales que pudieran derivarse de la situación descrita por si fuese constitutiva de delito.
Un vigilante de seguridad contratado expresamente para vigilar un barco en Almeria pudo acabar con las llamas que causó un cóctel molotov.
Los pescadores del Puerto de Adra han alertado de una serie de actos vandálicos que han tenido lugar en los últimos meses contra los pesqueros atracados, después de que el pasado fin de semana dos personas que aún no han sido detenidas arrojaran un cóctel molotov contra un navío, si bien hace tres semanas tuvieron lugar unos hechos de similares características contra otro barco.
Así lo han indicado algunos de los pescadores afectados por los actos vandálicos por los que, a finales del pasado mes de enero, un barco fue quemado en la dársena del puerto pesquero, lo que provocó su hundimiento. En este sentido, el propietario del barco siniestrado ha asegurado que no ha cobrado indemnización alguna por el siniestro, cuyos responsables aún no han sido localizados.
Tanto en este primer caso como en los anteriores, los incendios tuvieron lugar en la madrugada del sábado. En esta última ocasión, un vigilante de seguridad contratado expresamente para vigilar el barco pudo acabar con las llamas que causó el cóctel molotov después de ver cómo dos personas encapuchadas huían del lugar de los hechos.
“Contraté a un vigilante porque hace 20 días me encontré con el motor del barco lleno de arena”, ha explicado el dueño del navío, quien mantiene desde hace pocos días como patrón de su barco al propietario del pesquero hundido en enero.
Ante estos hechos, los marineros han señalado que este puerto cuenta solo con un vigilante, lo que consideran insuficiente dado su tamaño, que además está abierto, por lo que se puede acceder desde cualquier punto.
Investigación puesta en marcha
El intento de incendiar el ‘Rosario y Andrés’ tuvo lugar el pasado sábado a las 23:40 horas. El vigilante resultó intoxicado debido al humo que inhaló cuando apagaba las llamas. Tanto él, que ya no trabaja como vigilante del barco, como el dueño del pesquero han presentado la pertinente denuncia ante la Guardia Civil.
La Benemérita ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos. Ha realizado una inspección ocular de la zona y ha tomado testimonio a las personas que se situaban en el entorno del barco.
CCOO y CIG convocan protestas en la seguridad privada gallega.
Los sindicatos exigen la negociación de un convenio colectivo gallego tras rechazar el estatal - El sector tiene 3.000 trabajadores en Galicia.
Los sindicatos Comisiones Obreras y CIG decidieron el pasado 28 de febrero no firmar el convenio estatal de seguridad privada suscrito por las patronales Aproser, FES y UAS y los sindicatos UGT y USO al entender que suponía retrocesos en las condiciones laborales de los trabajadores y un aumento de la precariedad. Y para intentar mejorar la situación de los trabajadores del sector en Galicia, las dos centrales sindicales anunciaron ayer el inicio de distintas acciones, entre ellas movilizaciones, para que se abra un marco negociador en la comunidad gallega "en el que recuperar lo perdido en el marco estatal".
El convenio colectivo nacional pactado inicialmente para 2014 establecía un alza salarial del 5% que pretendía compensar a los trabajadores por la congelación de sueldos sufrida prácticamente desde 2009 -a excepción de una subida del 1% en 2010-, a lo que se sumó una reducción lineal de 283 euros anuales de las nóminas como durante la crisis. Finalmente, tras la amenaza de varias empresas del sector de acometer despidos colectivos o descuelgues del convenio al considerar que el alza salarial les provocaría la pérdida de rentabilidad, patronal y sindicatos pactaron la aplicación en 2014 de las mismas tablas salariales que el año pasado. A cambio, las empresas se comprometían a retirar los ERE y descuelgues del convenio planteados por distintas firmas del sector.
CCOO y CIG, sin embargo, denuncian que hay compañías que siguen con su pretensión de salirse del convenio estatal, por lo que decidieron "plantarse" y hacer un llamamiento al resto de organizaciones sindicales ante el "rechazo unánime en Galicia" al acuerdo firmado en Madrid. Los representantes sindicales resaltaron que UGT y USO "deben superar la contradicción de estar en Galicia en contra de lo firmado en Madrid pero seguir reticentes a buscar un marco gallego que permita superar el convenio estatal".
Los dos sindicatos defensores de un convenio gallego ya iniciaron los trámites para que se negocie ese acuerdo, presentaron ayer en el Consello Galego de Relacións Laborais la solicitud formal para que realice las gestiones necesarias para constituir la mesa negociadora de un convenio gallego.
"Tenemos gran capacidad de movilización de los trabajadores de este sector en Galicia y no vamos a parar hasta que logremos mejoras", explicó el representante de la CIG, Roberto Alonso, que anunció que la primera movilización será ya mañana ante la sede de una empresa de seguridad de A Coruña.
El sector de la seguridad privada cuenta en Galicia, según CCOO y CIG, con 3.000 profesionales en activo y otros 4.500 potenciales, trabajadores que cuentan con la habilitación del Ministerio del Interior para desarrollar la profesión pero que están sin empleo.
Absuelto el preferentista juzgado en Carballo (A Coruña) tras la denuncia de un vigilante de Prosegur.
José Brandón, el preferentista juzgado este miércoles en Carballo (A Coruña) tras la denuncia presentada por un vigilante de seguridad de la empresa Prosegur por las protestas ante una de las sucursales de Novagaliciabanco, ha sido absuelto, según ha confirmado a Europa Press el propio afectado. Al juicio, no se presentó el vigilante que presentó la denuncia.
Según la Plataforma de Afectados por Participaciones Preferentes de Carballo (A Coruña), en una de las protestas que realizaron el pasado mes de marzo ante una sucursal de NCG Banco y cuando este preferentista hizo sonar sus bocinas "un vigilante de Prosegur salió a darle una patada al aparato", ha explicado su portavoz, María Luisa Rodríguez.
"Reaccionamos como una ola", ha resumido al explicar el apoyo que entonces prestaron a su compañero, del que ha asegurado que no hubo agresión por su parte al vigilante, aunque ha reconocido que se le increpó tras su comportamiento.
María Luisa Rodríguez ha mostrado su satisfacción por la absolución de su compañero, que se le comunicó en el propio juzgado. El afectado, José Brandón, se ha pronunciado en la misma línea y ha insistido en que no hubo agresión, al tiempo que ha recordado que el vigilante le denunció por "daños psicológicos".
Brandón ha manifestado, tras su absolución, que espera que se retire la segunda denuncia presentada contra él y por la que se enfrenta a otro juicio en julio en A Coruña. En este caso, según la Plataforma de Carballo, el vigilante de Prosegur alega "rotutra de tímpano" por el sonido del aparato con bocinas construido por el preferentista.
Detenidos, por vigilantes de seguridad, dos menores por robar a otro en Pinto (Madrid).
La Policía Local de Pinto ha detenido a dos personas, menores de edad, de nacionalidad marroquí y residencia en Aranjuez, como presuntos autores del robo de un objeto personal a otro menor, de nacionalidad española y con domicilio en Pinto.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la tarde cuando un menor se personó en dependencias policiales para denunciar que ha sido atracado por dos jóvenes, que le habían amenazado "con darle una paliza y rajarle".
Tras describir a los autores del robo y las amenazas, los agentes iniciaron el dispositivo de búsqueda, dando aviso a los vigilantes de seguridad de Renfe. Fue precisamente en la Estación e Cercanías donde se identificó a los dos jóvenes detenidos. Uno de ellos fue detenido tras reconocer los hechos, mientras que el otro huyó, iniciándose una nueva búsqueda de la otra persona, que fue localizada y detenida posteriormente en las proximidades de la estación de Cercanías, con el objeto robado en su poder.
La Inspección de Trabajo de Bizkaia sanciona a Prosegur por acoso moral a una trabajadora, según CC OO
CCOO de Euskadi exige que la sanción sea ejemplar al tratarse de una conducta inaceptable
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia ha emitido una resolución por la cual se va a extender un acta de infracción por falta muy grave a la empresa Prosegur España SL debido a que se entiende que la citada empresa ha vaciado de contenido el puesto de trabajo de la trabajadora N.C.L. de forma consciente. La trabajadora está contratada como técnico de cajeros, y en la actualidad permanece de baja médica desde el día 2 de diciembre de 2013.
La Inspección de trabajo, tras la denuncia realizada por CCOO de Euskadi, considera probado que la trabajadora permanece desde el día 13 de noviembre de 2013 en las oficinas de la compañía a la espera de que se le adjudique trabajo efectivo. En la resolución se cita de forma expresa que “la empresa ha vaciado de contenido efectivo la prestación de trabajadora, lo cual constituye un claro atentado contra su dignidad”. Si bien, la empresa alude causas productivas para la falta de ocupación de la trabajadora, no se ha preocupado en ningún momento de acreditar esas causas ni de adoptar ningún tipo de medida, del tipo que sea, para paliar la situación. Caso de que existiese causa justificada para que la empresa no pueda darle trabajo efectivo, la Inspección de Trabajo considera que Prosegur debería de haber relevado a la trabajadora de su obligación de acudir al centro de trabajo.
Por otra parte, se considera acreditado que existe una voluntad empresarial previa de modificar las condiciones de trabajo y que la trabajadora se negaba a esta modificación, siendo este conflicto lo que ha motivado que la empresa no encomiende trabajo efectivo, pero a la vez mantenga la “obligación de acudir al centro de trabajo para no hacer nada”, tal y como se recoge de forma textual en la resolución. Consecuencia de todo ello “ la empresa ha cometido un atentado contra la dignidad de la trabajadora, basado en una falta de ocupación efectiva manifiesta con obligación de acudir al centro de trabajo, y con el objetivo de presionarla para modificar sus condiciones de trabajo”.
El responsable de salud laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha considerado que el presente caso es “escandaloso”, y ha reclamado que la sanción a la que tenga que hacer frente Prosegur España SL sea ejemplar. Ríos ha considerado que a ninguna empresa, ni siquiera a una del tipo de la que hablamos, con infinidad de contratos en las administraciones públicas y en gran cantidad de obras públicas se le puede tolerar que actúe de esta manera, presionando y acosando a sus trabajadores y trabajadoras.
CCOO de Euskadi ha asegurado que esta sanción debe servir como aviso para empresas que estén valorando vaciar de ocupación efectiva a trabajadores concretos. Esta conducta está catalogada como acoso moral en el trabajo. CCOO de Euskadi ha reiterado que va a seguir denunciando todas las situaciones de este tipo de las que tenga conocimiento, como ha hecho en el presente caso, por lo que ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentren en esta situación a que lo pongan en conocimiento del sindicato.
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