- Las principales empresas de seguridad privada salen beneficiadas por la nueva normativa, en vigor desde este mes, que aumenta las competencias de los vigilantes y amplía el radio de negocio
- La oposición denuncia el inicio de la "privatización de la seguridad", como en el caso de la vigilancia de las cárceles, que doblará el coste del servicio, según los sindicatos policiales
- Algunas de las compañías beneficiadas por los nuevos contratos públicos tienen conexiones políticas con el PP
- El fin de ETA y de la alerta terrorista y la crisis económica ha contraído el mercado de la seguridad, que ha perdido un 22% de facturación desde 2008
“Un sector en pleno auge”. Esas son las palabras que ha empleado en más de una ocasión el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para referirse al estado de la seguridad privada en España. Con la baza de la modernización como justificante, la polémica Ley de Seguridad Privada ya ha pasado todos los trámites parlamentarios yse ha convertido recientemente en una realidad con su publicación en el BOE el día 5 de este mismo mes, un texto que sustituye a la antigua ley de 1992, y que amplía las competencias de los vigilantes. Como punto fundamental, les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros, además de para participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. Una dinamización del mercado a costa de la esfera pública aprobada por el Gobierno del PP en tiempo record y que ha sido muy criticada por todos los partidos políticos de la oposición -a excepción de PNV y CIU- y que ha generado el rechazo de todos los sindicatos policiales que creen que la nueva normativa es el marco adecuado para la progresiva privatización de la seguridad pública a costa del sacrificio de su calidad y el aumento del gasto de la administración.
Pero, ¿por qué tantas críticas? ¿por qué aplicar estas medidas favorecedoras en un sector que según el ministro goza de una extraordinaria salud? Pues porque sencillamente, la opinión del ministro Fernández Díaz no tiene mucho que ver con la realidad traducida en cifras. Según los datos de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal que aglutina aproximadamente el 80% del negocio de la seguridad privada en España, ese “auge” en el sector sirvió para que cerrar el año con una nueva caída de alrededor del 7% de la facturación, moviendo ‘solamente’ 2.994 millones de euros, por los 3.125 del año anterior.
Un retroceso que también ha quedado plasmado en un informe de N+1 Equities publicado a finales de 2013, donde la bajada acumulada de la facturación desde 2008 se cifraba en un 22%, sobre todo por la menor incidencia de la contratación pública, aunque ésta aún se mantiene en cifras alrededor de un cuarto de la facturación total. Con ETA en proceso de desarme, sin alerta de terrorismo islámico y con la crisis económica como cortapisa a la construcción de nuevas infraestructuras que poder vigilar o en donde poder colocar sistemas de seguridad, la oferta de una nueva suculenta parte de la tarta de la seguridad pública al invitado privado parecía solo cuestión de tiempo. Sobre todo después de que el lobby sectorial pusiera su maquinaria a funcionar y lograra poner el pie en la puerta, a juzgar por los resultados.
La coincidencia de informes y manifestaciones públicas de las confederaciones empresariales del sector, tanto a nivel español como europeo, y la creación de la que para muchos es una ley al servicio de las empresas (con las primeras experiencias piloto en cárceles antes de que la ley viera la luz) deja en evidencia la influencia que gigantes como Prosegur, Securitas o Eulen han tenido en la polémica normativa. Sin embargo, no son las únicas que forman parte del potente lobby.
¿Ahorro? Vigilantes que cuestan el doble
Para los años 2013 y 2014, el Gobierno ha puesto en marcha un programa piloto, en dos fases, que adelantaba una de las nuevas ventajas que lleva aparejada la nueva ley: las labores de vigilancia en las prisiones. La justificación gubernamental alude a la liberación de muchos policías y guardias civiles para permitir que abandonen las labores de vigilancia y salgan a las calles, donde son más necesarios ya que ambos cuerpos han perdido un 3% de sus efectivos en los últimos dos años. Sin embargo, según un informe de la Unión Federal de Policías (UFP), respaldado también por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), estos movimientos de Gobierno “persiguen que las empresas de seguridad privada tengan más volumen de negocio, en retroceso desde el año 2009”. Justifican su posición con unos cálculos que concluyen que la prestación de estos servicios de apoyo a la seguridad en 21 centros penitenciarios españoles –vigilancia desde garitas, control de accesos y de circuitos cerrados de televisión- cuesta el doble del gasto actual con el servicio realizado por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El más reciente de estos proyectos piloto, que ha entrado en vigor este año y que tiene una duración de 9 meses, incluye la creación de 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de 12 horas, que son cubiertos por un total de 254 trabajadores. A respuesta de una pregunta realizada por el senador Ibán García fechada en julio de 2013, el Gobierno reconocía que este proyecto había sido adjudicado por 7,39 millones de euros a una UTE de empresas formado por Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinsa Alentis.
Según los cálculos de la UFP en base a esta cifra total, el presupuesto mensual constaría de algo más de 820.000 euros a repartir entre los citados 254 trabajadores. Una sencilla división basta para calcular que el coste mensual de cada trabajador es de 3.233 euros al mes, una cantidad muy alejada de los 1.600 que cobra un agente de la Policía Nacional. Además, el convenio del sector, firmado en abril de 2013, revela que el salario de un vigilante de seguridad con todos los pluses es de 1.088 euros. Según Acaip, uno de los vigilantes de estas ocho empresas que trabaja en una prisión cobra unos 1.350 euros al mes por una jornada de 12 horas. El margen de beneficio para las empresas queda entonces en unos 2.000 euros por trabajador. Por lo tanto, según el sindicato policial, “este proyecto no supone ahorro de costo alguno para la Administración, sino más bien suculentos beneficios a las empresas afectadas”. Desde Aproser se limitan a señalar que los sueldos son “superiores” a las cantidades manejadas en el estudio de la UFP.
Turbias conexiones
Desde la organización Acaip también hacen hincapié en lo que para ellos son las verdaderas intenciones del Gobierno: “Realmente pretenden mantener los beneficios de las empresas de seguridad, un grupo de presión muy poderoso e íntimamente ligado con el PP”. Pero, ¿realmente hay conexiones que justifiquen la denuncia de los trabajadores de las cárceles? Atrás quedan las empresas de escoltas que crecieron al calor del terrorismo etarra y las conexiones con el ex ministro y eurodiputado Jaime Mayor Oreja y su familia. Sin embargo, nuevas relaciones se ponen de manifiesto.
En la primera de las fases del proyecto piloto de la vigilancia de las cárceles, que se desarrolló en 2013, adjudicado sin concurso y en el que principalmente se sustituyó a Guardias Civiles, hay cuatro empresas que repiten en relación a su presencia en la citada segunda fase: Ombuds, Prosegur, Vinsa y Prosetecnisa. La primera de ellas,Ombuds, también recibió una adjudicación del Ministerio de Defensa para prestar el servicio de vigilancia y seguridad con armas en hospitales y centros sanitarios militares durante el año 2013 adjudicándole ocho de los diez lotes, por un importe total que ronda los tres millones de euros.
Tal y como recogía la web El Boe Nuestro de Cada Día en la jornada en la que se realizaba la adjudicación, el consejero delegado de Ombuds es Rodrigo Cortina López, hijo de Antonio Cortina Prieto, que consta como apoderado de la firma y que estuvo muy vinculado a Fraga durante los primeros pasos de Alianza Popular (AP). Además, entre los consejeros de Ombuds también se encuentra Antonio Eraso Campuzano, de familia noble y amigo del rey Juan Carlos. El hermano de Antonio Eraso, Eduardo, es uno de los 71 imputados por el caso Gürtel. Según la policía, Eduardo Eraso colaboró con Correa para desviar las ganancias de la trama a Suiza.Eulen, la otra empresa adjudicataria, cuenta en su plantilla con Micaela Nuñez Feijoo, hermana del presidente gallego.
Por otro lado, en la UTE de empresas que se llevó la primera fase de la vigilancia de las cárceles aparece la empresa Seguriber, cuya presidenta es Mónica de Oriol e Icaza, de plena actualidad tras pedir reducir el salario mínimo para los jóvenes sin formación que, en su opinión, “no sirven para nada”. Seguriber es una de las empresas de seguridad que mayor lucro ha obtenido de la protección a políticos amenazados por la banda terrorista ETA. En este sentido, y a pesar de que ETA está en proceso de disolución, Interior mantuvo los pagos a Seguriber a lo largo de 2012 y le renovó el contrato semestral a lo largo de 2013 por un importe de 4,73 millones de euros. Además, Seguriber está 'tocada' por el caso de la tragedia del Madrid Arena, ya que la empresa era la encargada de la seguridad del evento musical en el que eprdieron la vida cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012.
La reconversión de las empresas que copaban el mercado de la protección privada de personalidades amenazadas por ETA, dotadas durante muchos años con dinero público, destacan entre las sociedades adjudicatarias de los planes piloto de la nueva Ley de Seguridad: cinco de ellas son las que más personal tenían empleado a la protección de políticos en País Vasco y Navarra.
La élite de la seguridad
Algunas de las compañías mencionadas pertenecen a la patronal del sector, la citada Aproser, que engloba a las 12 principales empresas de seguridad que operan en España y que representan el verdadero lobby del ámbito. La organización se constituyó en 1977 y según sus estatutos, lo hizo “con el objeto de ejercer la representación del mismo e impulsar cuantas iniciativas y acciones se consideren necesarias en defensa de sus asociados”, para lo que mantienen “constantes relaciones con las diversas administraciones públicas competentes”. Una vez aprobada la nueva Ley de Seguridad, Aproser se apresuró a celebrar la reforma legislativa en un comunicado oficial.
Las empresas que forman parte de Aproser son: Alse, la citada Eulen, el grupoSecuritas (con sus divisiones Loomis Spain y Securitas Transport Aviation por separado), el grupo Omega, Prosegur, Sabico, Segur Ibérica, Segurisa, Trablisa y Vinsa.
El presidente de Aproser desde abril de 2013 es Ángel Córdoba Díaz, un ejecutivo bancario que fue Director de Negocio de Desarrollo Empresarial de Caja Madrid –luego Bankia- entre 2004 y 2011, coincidiendo con la época de Miguel Blesa al frente de la entidad. También es presidente de la Fundación Directivos, una entidad sin ánimo de lucro de orientación empresarial.
España: ¿solucionar una normativa “muy estricta”?
Hace aproximadamente dos años, a principios de 2012, la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS) publicaba un informe anual acerca de la situación del sector de la seguridad privada en el continente. El documento se cerraba con la publicación del siguiente mapa:
“Muy estricta”. Así valoraba el gran lobby europeo de la seguridad privada la legislación española en dicho ámbito, junto a las existentes en Portugal, Suecia, Hungría, Serbia y Bélgica. En cambio, países como Francia, Reino Unido, Alemania o Irlanda, la conclusión era la de unas leyes con mucho menos control que la española. ¿Un problema para España? A juzgar por la posterior reforma de la ley, parece que sí lo era.
CoESS aglutina a las principales patronales de seguridad privada de países del viejo continente, y según su página web, “construye y mantiene fuertes alianzas con las correspondientes Direcciones Generales de la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea”. CoESS asegura que “defiende los intereses comunes de las empresas que prestan servicios de seguridad privada, en particular mediante actuaciones que persiguen la armonización de la legislación nacional que afecta las actividades de sus miembros”.
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