El diputado de EU en el Congreso Ricardo Sixto ha asegurado hoy que la Policía emitirá un informe técnico de actuaciones en el que se pronunciará sobre las posibles irregularidades en materia de seguridad en la supuesta agresión sufrida por un matrimonio de turistas franceses en Torrevieja (Alicante).
Según una respuesta del Gobierno a Ricardo Sixto, el Grupo de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana emitirá el correspondiente informe técnico y, si se concluye que ha existido abuso en el ejercicio de las funciones asumidas por los guardias de seguridad, se hará una propuesta de sanción.
Esa propuesta estaría basada en el incumplimiento de los artículos 1.3 y 23.2.b de la Ley 23/1992 de 30 de julio.
El pasado 9 de enero se supo que un matrimonio francés había denunciado ante la Guardia Civil una supuesta agresión sufrida en presencia de sus hijos por parte de dos vigilantes de un centro comercial de Torrevieja.
Se abrió una investigación para aclarar lo ocurrido ya que, además de la denuncia de la pareja de turistas por presuntas lesiones, también consta otra por el mismo motivo contra el referido matrimonio presentada por uno de los agentes de seguridad privada del complejo comercial.
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre cuando saltó la alarma en el momento en el que la familia francesa, formada por los padres y dos hijos menores, se disponía a salir del recinto.
Dos vigilantes les condujeron a una habitación para realizar un cacheo y, en circunstancias no precisadas, se desencadenó un forcejeo con presuntas agresiones, las cuales, al parecer, fueron grabadas por uno de los hijos con una cámara.
A raíz del cruce de denuncias ante el cuartel de la Guardia Civil en Torrevieja, se abrió la investigación.
Para el diputado de EU, "se ha transmitido una imagen lamentable de la marca España y de la industria turística española".
Según explica el Gobierno en su respuesta escrita, facilitada por Ricardo Sixto, los servicios de seguridad privada están sometidos a continuas medidas de inspección tanto por los servicios policiales competentes como por las empresas que los contratan.
Cuando se constata cualquier irregularidad se adoptan las medidas necesarias para subsanarlas y, en su caso, también correctivas mediante sanciones administrativas que pueden dar lugar a la inhabilitación de los autores.
La respuesta recuerda que entre 2011 y 2013 "solamente" se han impuesto 86 sanciones a servicios de seguridad privada por ejercicio abusivo de funciones o falta de respeto a los ciudadanos.
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