- El departamento de Jorge Fernández Díaz pone más facilidades a los aspirantes para superar los ejercicios físicos. El Ejecutivo sólo introduce un nuevo filtro: eleva la estatura mínima de 1,65 metros a 1,70 en hombres y de 1,60 a 1,65 en mujeres. Las aptitudes académicas son inferiores a las que deben demostrar los policías nacionales, que se enfrentan a un proceso de oposición.
El Gobierno no sólo tiene previsto dotar a los vigilantes privados de potestad para detener, cachear e identificar en la vía pública, sino que además va a facilitar la obtención de la tarjeta de identidad profesional, otorgada por el Ministerio del Interior, en comparación a los requisitos exigidos el año pasado. Según las bases de las convocatorias de las pruebas de selección para 2014, publicadas este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los ejercicios de aptitud física a superar por los candidatos serán más asequibles que los de 2013. Principalmente, porque la Secretaría de Estado de Seguridad rebaja una de las principales marcas que provocaban una criba entre los aspirantes: la de salto vertical. Esta prueba, que en 2013 requería superar los 55 centímetros para el tramo de 18 a 25 años, queda ahora en 44 centímetros. Para el perfil varón de los 26 a los 32 años, la marca anterior de 50 centímetros es reducida a los 42.
Las otras dos pruebas físicas a las que se enfrentarán los candidatos más jóvenes son la realización de flexiones (sólo 4 en barra fija) y distancia de 400 metros lisos. Para las flexiones, quedan exentos los hombres mayores de 40 años. Respecto a la carrera, Interior ha bajado levemente la marca (de 1,20 minutos pasa a 1,16) pero esta modificación, por lo general, no será perjudicial, ya que es salvable sin grandes complicaciones.
Junto a ello, el otro cambio que introduce Interior, éste sí relevante por su efecto disuasorio, es la elevación de la estatura mínima de los postulantes, aumentando de 1,65 metros a 1,70 en hombres y de 1,60 a 1,65 en mujeres. La altura mínima suprimida es la misma que se exige actualmente a quienes quieren convertirse en policías nacionales.
Además, los aspirantes habrán de aprobar un examen de conocimientos teórico-prácticos, cuyo temario (56 temas) apenas incorpora novedades con respecto al de 2013. Tales aptitudes académicas son inferiores a las que deben demostrar los policías nacionales, que se enfrentan a un proceso de oposición.
Durante su tramitación en la Cámara Baja, el portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín reclamó la necesidad de que el Ministerio de Educación establezca el “itinerario curricular indispensable” que permita adquirir los conocimientos oportunos en materia de seguridad y vigilancia privada.Estas pruebas fijadas por Interior para otorgar la tarjeta de identidad profesional a los vigilantes son la última depuración de candidatos, ya queantes han tenido que completar el curso correspondiente en los centros de formación privados autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad. Precisamente, la carencia de una amplia y adecuada instrucción de los guardias jurados ha sido una de las principales cuestiones planteadas por la oposición en el debate parlamentario del anteproyecto de ley de Seguridad Privada. El texto fue remitido el pasado diciembre al Senado para la incorporación de enmiendas tras ser aprobado en el Congreso con los votos de PP, CiU y PNV.
En la misma línea, desde Comisiones Obreras (CCOO) se instó al Gobierno popular que, a fin de obtener una “mejora de cualificación para el sector”, sea el departamento de José Ignacio Wert el que habilite “un módulo de formación profesional” para conseguir la acreditación profesional mencionada.
¿Con historial delictivo?
Por otro lado, el Ejecutivo también mantiene intactos con respecto a la convocatoria de 2013 los requisitos sobre antecedentes penales, un aspecto también cuestionado. En concreto, Interior requiere al solicitante “no haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen, del secreto de comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud”. En el plano administrativo, es establecido que no haya sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad. De ello, se desprende que la comisión de dichos delitos e infracciones fuera de los plazos establecidos no supone perjuicio a la candidatura.
Otro aspecto destacado de diferenciación entre los requisitos exigidos a los policías nacionales y a los vigilantes privados, es la nacionalidad. Mientras que para los primeros es indispensable ser español, para los segundos basta con tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Común. Así, se puede dar la paradoja de que, con la nueva Ley de Seguridad Privado en la mano, un vigilante privado pida el DNI a un ciudadano español sin que él mismo disponga de tal acreditación.
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