Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los encargados del mantenimiento de esa seguridad pública y ciudadana, así como de la prevención e investigación del delito. La Policía Nacional cuenta con 69.358 agentes en el territorio nacional y 13.644 en Madrid, y la Guardia Civil, por su parte, con 81.941 agentes en España y 6.880 en la Comunidad. Son, por tanto, las cabezas visibles del sector. En Madrid, ambos Cuerpos tienen que hacer frente a una tasa de criminalidad que supera los 379.000 delitos y faltas, capítulo en el que no se incluyen los homicidios o el tráfico de drogas, seguidos de los hurtos ?151.459?, los robos con fuerza ?59.488 casos? y la delincuencia violenta ?24.117 casos?, según datos del Ministerio de Interior correspondientes a 2013. Aun así, el Sindicato Unificado de la Policía asegura que las estadísticas demuestran que el nivel de eficacia policial y de seguridad en Madrid es de los mayores de Europa.
La Comunidad de Madrid, donde se ubican 61 acuartelamientos, "es un lugar de paso", afirma Francisco Cecilia, secretario general de la asociación. "Los agentes, cuando tienen la oportunidad, buscan un destino más próximo a su lugar de origen, donde con su salario puedan mejorar sus condiciones de vida", añade. A esto se une el descenso que han sufrido las plantillas de ambas fuerzas de seguridad. "La Guardia Civil ha perdido a nivel nacional unos 12.000 agentes desde 2010, unos 3.000 por año", indica Francisco Cecilia. Desde el sindicato de policía aseguran que en los próximos años también "se notará un descenso notable en el número de efectivos policiales debido a las jubilaciones y a que en los últimos tres años apenas se han ofertado plazas de nuevo ingreso".
Entre las labores de la Guardia Civil también está la de controlar que se cumpla el código de la circulación. Si bien en este terreno, el protagonista es la Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de la Dirección General de Tráfico (DGT), encargada de vigilar el tráfico de las principales vías garantizando la seguridad a través de cámaras y radares. Además de este tipo de controles, este organismo también analiza las condiciones de circulación, el estudio de puntos negros conflictivos y las obras de mejora de la seguridad vial. Por otra parte, la DGT y la Guardia Civil de Tráfico colaboran y participan en los planes de emergencia por circunstancias meteorológicas, medioambientales y planes de actuación en materia de protección civil y coordinación de emergencias. En este último punto, coordinan también las operaciones de auxilio en caso de accidente.
En este tipo de situaciones es básica también la intervención del Summa 112. El servicio de emergencias tiene todas las competencias sanitarias en la Comunidad de Madrid, tanto en urgencias como en emergencias y catástrofes. Sus competencias también se amplían al rescate acuático, como ocurre en el pantano de San Juan, así como en materia sanitaria en colaboración con el cuerpo de Bomberos a través del GERA, el Grupo Especial de Rescate en Altura. A estos dos cuerpos se suma la Policía Municipal, que actúa en 102 municipios, todos ellos con más de 5.000 habitantes. La plantilla más numerosa, con 7.000 agentes, es la del Ayuntamiento de Madrid, mientras que en la Comunidad trabajan otros 6.000 agentes, de los que 2.500 pertenecen a las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana (Bescam). También el ayuntamiento de la capital cuenta con un Cuerpo de Bomberos con más de 1.500 integrantes a los que se suman otros 1.300 repartidos en el resto de los parques, estos dependientes de la Comunidad.
La otra cara de la seguridad
La seguridad en la Comunidad de Madrid no solo depende de los recursos públicos, pues también es precisa la participación de empresas privadas para garantizarla. En España, este sector ha experimentado un desarrollo extraordinario en los últimos años con 1.490 empresas, una plantilla de 85.000 personas y una facturación de 3.215 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2012. El número de vigilantes privados, sin embargo, es menor, pues se sitúa en 195 por cada 100.000 habitantes, 76 menos que la media de la Unión Europea. Los datos madrileños hablan de 306 empresas, que emplean a 22.835 personas con una facturación cercana a los 885 millones de euros.
Según estas cifras, en la actualidad hay más agentes públicos que privados, por lo que queda abierto un espacio todavía por explorar. Por ello, el Ministerio del Interior, para consolidar este sector económico, ha aprobado el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Privada, que pone al día la norma de 1992 para impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, combatiendo el intrusismo con sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación. Además, ampliará las vías de acceso a la profesión y la protección jurídica de los vigilantes que actúen como agentes de la autoridad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solamente cuatro empresas de seguridad superan los 5.000 trabajadores. Estas empresas pertenecen a APROSER, la asociación profesional de las compañías privadas de servicios de seguridad. El resto son pymes, con algo más del 72 por ciento de compañías que tienen de 1 a 19 trabajadores asalariados. Las doce empresas asociadas a esta patronal representan cerca del 70 por ciento de la facturación global.
El grupo más numeroso de profesionales dentro del sector son los vigilantes, que representan el 75 por ciento del personal autorizado por el ministerio. En torno al 21 por ciento de estas empresas se dedica a la vigilancia, "el segmento más importante dentro del sector en términos de facturación, ya que aporta el 65 por ciento del total", apunta Eduardo Cobas, secretario general de APROSER. Las otras dos áreas más importantes son sistemas y alarmas y transporte de fondos. Los escoltas, los vigilantes de explosivos y los directores de seguridad son otros agentes a tener en cuenta en este sector.
En 2012 la facturación descendió casi un 7 por ciento. Desde el inicio de la crisis, a mediados de 2008, el sector ha registrado caídas continuadas en los ingresos con una bajada acumulada superior al 20 por ciento. Cobas la explica por la reducción de los presupuestos de seguridad de los clientes, especialmente de los relacionados con la administración pública ?un 78 por ciento del total? y por la caída de los contratos privados. "Se han abierto menos centros comerciales y no podemos olvidar el estancamiento del ladrillo", apunta el secretario de la patronal.
A pesar del deterioro del sector, Cobas afirma con rotundidad que los vigilantes de España son los mejor preparados de Europa, siendo la vigilancia privada "de gran calidad". De hecho, en Madrid tienen sede algunas de las empresas más punteras en vigilancia privada, como Prosegur, que factura 3.669 millones de euros. Con más de 35 años de historia, Prosegur es una multinacional reconocida a nivel mundial con 26.000 empleados.
Otro referente en vigilancia privada en la región es Securitas. Cuenta con una cuota de mercado que alcanza el 24 por ciento y 17.000 empleados que trabajan en las 50 delegaciones nacionales. En términos de facturación, Eulen es la tercera empresa a nivel nacional, lo que representa unas ventas en la Comunidad de Madrid cercanas a los 55 millones de euros. Su plantilla en la región está formada por 1.650 personas ?un 30 por ciento mujeres? de las 6.900 que tiene en toda España. "Tiene presencia en todos los sectores de la actividad, desde la administración pública al sector energético, pasando por el aeroportuario, el financiero y los centros comerciales", explica Luciano Valladares, director nacional de Eulen Seguridad. Como el resto de empresas, Eulen también ha tenido que hacer frente al descenso de la demanda. "Es una de las actividades en las que se suele reducir cuando hay que hacer un ajuste de costes", reconoce Valladares.
El Grupo Segur también está entre los primeros en el mapa de la vigilancia privada con 30 años de trayectoria a sus espaldas. Unos 7.000 profesionales repartidos por 27 delegaciones forman la estructura de una empresa que desarrolla servicios de de alta especialización como la vigilancia y protección de la flota atunera que faena en el Océano Índico.
El universo de los detectives
Los detectives completan el sector de la seguridad privada, aunque son los menos visibles. En España hay alrededor de 1.500 en activo, de los que en Madrid actúan unos 400. Aunque el desarrollo de esta profesión poco tiene que ver con los personajes de películas y de series de televisión, "embauca. Es preciso que guste y vivirla", afirma Eva Grueso, presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE).
Como en el resto de profesiones, los detectives están atravesando la pesadilla del paro y del cierre de aquellas agencias que no consiguen ganar lo suficiente para sobrevivir. Empresas de renombre en Madrid, como Detectys, reconocen que han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones. Óscar Rosa, socio director de esta empresa, la mayor de investigación privada en Europa y especializada en casos económicos e inteligencia empresarial, está convencido de que "el sector se ha transformado y por ello hay que trabajar muy duro para captar y fidelizar a los clientes".
Los trabajos que realizan actualmente los detectives van desde las infidelidades y los divorcios hasta las falsas bajas laborales. "Hubo un momento en el que se investigaban las infidelidades con asiduidad. Cuando se despenalizó el adulterio y dejó de ser causa de separación, estas investigaciones pasaron a realizarse menos porque, además, el uso de las mismas no es válido en un procedimiento judicial", explica la presidenta de APDPE. Sin embargo, las investigaciones de carácter económico ?solvencia y localización de deudores?, han aumentado un 63 por ciento, las relativas a pensiones alimenticias y compensatorias, un 15 por ciento, y los intentos de fraude al seguro un 12 por ciento. La competencia desleal, el espionaje industrial y la reconstrucción de accidentes para las aseguradoras son otras labores de investigación frecuentes. "Nuestras investigaciones van dirigidas a saber los datos de contacto fiables de un deudor, conocer su liquidez para que el cliente decida si inicia un procedimiento legal o determinar el grado de confianza en un nuevo cliente", explica Óscar Rosa. José María Alonso, director de operaciones de Zenit Detectives, otra agencia puntera en la región, explica que ahora se realizan muchas investigaciones en el ámbito empresarial, de las que el 19 por ciento son informes de solvencia. "Las empresas pueden conocer así el estado real de la situación de la sociedad que se investiga. También ha aumentado el fraude en las empresas, sobre todo con el tema de las falsas bajas", dice este experto.
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